Jaén

Pide perdón a la familia por el “accidente”

Piden entre seis y ocho años por el atropello del profesor del “Santo Tomás”

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Rafael L. R., el joven de 28 años, acusado de haber atropellado mortalmente a José Luis Castellano López, un profesor, de 49 años, que se dirigía a esa hora al colegio Santo Tomás donde trabajaba y darse a la fuga pedía ayer  perdón a la familia de la víctima por lo que calificó durante el juicio como un "desagradable y desafortunado accidente".

El acusado, para el que la partes personadas pidieron penas de cárcel que van de lo seis a los ocho años de cárcel,  declaró en el juicio que no fue consciente" de lo que ocurrió el pasado 15 de diciembre cuando regresaba a casa con dos amigos después de haber pasado toda una noche de botellón, aunque dijo que no ingirió ni una gota de alcohol y que sólo bebió refrescos de cola.

Dice que no fue consciente de lo ocurrido porque se aterrorizó muchísimo, al tiempo que señaló que "de repente sentí un porrazo, pero yo no supe lo que era" y siguió su marcha mientras sus dos amigos le pedían que se parara para poder bajarse del coche, algo que finalmente hizo cuando uno de los ocupantes accionó el freno de mano y el coche derrapó a escasa distancia del lugar donde había ocurrido el suceso, en el paso de peatones junto al Seminario.

Asimismo señaló que la luna del coche se encontraba muy empeñada y que prácticamente no se veía nada, aunque insistió en que circulaba una velocidad normal y que en el momento del atropello, sobre las 6,50 horas, era de noche y llovía.

Sin embargo, la testigo que se cruzó con la víctima en el paso de peatones y que se libró por segundos de ser atropellada reiteró en su declaración en el juicio que el semáforo estaba verde para peatones y que ella se volvió al oír un coche que venía a gran velocidad.

El Ministerio Fiscal pedía ayer seis años de cárcel por un delito de conducción temeraria en concurso con el delito de homicidio por imprudencia grave, además del de omisión del deber de socorro. Las acusaciones particulares pidieron por estos mismos delitos penas de entre siete y ocho años de prisión, mientras que la defensa solicita la libre absolución.

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