El gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Jaén ha adjudicado a la empresa Vialine, de Santander, la asistencia técnica para la gestión y el cobro de las multas de tráfico, un servicio que hasta ahora estaba encomendado a la Diputación. Jaén ha sido la primera ciudad española en adjudicar el cobro de las sanciones de tráfico a través de la nueva central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
Al proceso de licitación concurrieron tres empresas, siendo finalmente adjudicataria la santanderina Vialine, que presentó el premio de cobranza más bajo, del 14,50%. Este porcentaje, que es lo que el Ayuntamiento debe pagar a la empresa por asumir los cobros de las multas, es la mitad del que Jaén pagaba a la Diputación desde el convenio firmado en 2009. En abril del pasado año, el gobierno municipal denunció el convenio al no prosperar la solicitud para que rebajara el premio de cobranza.
En los cinco años de gestión del servicio por la Diputación se recaudaron 6,6 millones de euros, con un premio de cobranza para el Ayuntamiento de 1,8 millones (28,2%), una cantidad que ahora el Ayuntamiento espera rebajar a la mitad, según indicó el concejal de Hacienda, Miguel Contreras.
Hace cuatro meses que el Ayuntamiento jienense se desentendió del cobro de las multas de tráfico. Aunque el concejal de Tráfico, Juan Carlos Ruiz, esgrime que, desde este tiempo, apenas han prescrito medio centenar de denuncias, la oposición socialista cree que durante este tiempo han dejado de recaudarse 500.000 euros.
El PSOE sostiene que con la privatización del servicio de las multas el Ayuntamiento perderá casi 800.000 euros con relación a lo que venía percibiendo de la Diputación. Y es que, según la concejala Matilde Cruz, el PP ha estimado en los presupuestos de 2015 unos ingresos de 900.000 euros frnete a los 1,5 millones que recibía de Diputación, y sin contar con el 14,5% que se lleva la empresa. Todo ello, añadió Cruz, además de los 500.000 euros que lleva sin recaudar desde diciembre.
Por si fuera poco, el PSOE critica que el Ayuntamiento aún no ha habilitado la plataforma informática para hacerse cargo de la base de datos que le ha cedido la Diputación Provincial, por lo que duda mucho de que el cobro de las multas pueda iniciarse hasta contar con ese instrumento.
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