La Guardia Civil ha detenido a tres personas de la comarca de El Condado, como presuntos autores de un delito de falsedad documental, después de que presuntamente hubieran manipulado la ficha técnica de un remolque para evitar una denuncia de tráfico.
Según ha informado este viernes el Instituto Armado, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico, del Subsector de la Guardia Civil de Jaén, realiza desde hace tiempo un control exhaustivo para comprobar la veracidad de las documentaciones que adjuntan los ciudadanos en sus escritos de alegaciones a las Jefaturas Provinciales de Tráfico ante la posibilidad de intentar eludir las sanciones interpuestas en su momento por infracciones al RGC o a la Ley de Seguridad Vial.
En una de esas actuaciones, se detectaron "anomalías" en el recurso a una infracción administrativa ocurrida el 11 de diciembre de 2014. Uno de los detenidos fue denunciado por un agente de Tráfico al ser interceptado conduciendo un vehículo todoterreno que circulaba con un remolque de 2.000 kilos de MMA (masa máxima autorizada).
Según ha añadido, carecía de permiso de conducción válido para manejar el conjunto de vehículos por razón de su MMA y tampoco poseía permiso de circulación del remolque, que pesaba más de 750 kilos y debía estar matriculado sin que fuera así.
Tanto el conductor como el propietario del remolque presentaron un escrito de alegaciones ante la Jefatura Provincial de Tráfico en la que pedían la anulación de los expedientes sancionadores. Adjuntaban una ficha técnica que "había sido manipulada, para pasar el peso del remolque de 2000 kilos de MMA a 750 kilos", un dato con el que "no sería necesario la matriculación del remolque ni la habilitación del conductor".
La Guardia Civil pudo comprobar que "el fabricante del remolque expidió una nueva ficha técnica a petición de los denunciados", en la que "se había falsificado" la masa máxima autorizada para intentar lograr de esta forma la anulación de los expedientes sancionadores. Por ello, se procedió igualmente a su detención y puesta a disposición judicial, pudiéndole acarrear a éste último el cierre de las instalaciones.
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