El presidente del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación (Coaatja), Francisco Quesada, ha valorado la reducción impulsada por el Ayuntamiento de Jaén en la tasa correspondiente para la regularización de viviendas en suelo no urbanizable. Hasta el 31 de diciembre deberán abonar el tres y no el diez por ciento del valor aproximado del inmueble.
En declaraciones a Europa Press, se ha referido así a la modificación de la ordenanza municipal reguladora de la prestación compensatoria para el uso y aprovechamiento de carácter excepcional del suelo no urbanizable, aprobada en el pleno de julio con el respaldo del PP y la abstención del PSOE.
"Como colectivo profesional, en principio, todo lo que sea actividad en circunstancias difíciles como las que atravesamos es bueno porque al fin y al cabo esa medida trae trabajo tanto para arquitectos como para aparejadores", ha comentado Quesada, quien ha lamentado el "palo" que ha supuesto la crisis para los aparejadores, una profesión que ha pasado del cien por cien de empleo ha pasado a un 40-50 por ciento" en la provincia.
Junto a ello, no obstante, ha añadido "como ciudadano" que esa decisión "viene a premiar de alguna manera a quienes no tengan su casa declarada, fuera de ordenación, disminuyendo lo que deberían haber pagado en condiciones normales".
"Existe, digamos, un trato de favor, un desfase; pero también hay que entender que, como creo, la intención del Ayuntamiento es que el ciudadano sea capaz de responder ante su propuesta para regularizar su situación a la vez que se favorece la generación de empleo", ha señalado.
Junto a la rebaja del diez al tres por ciento en la tasa hasta el próximo 31 de diciembre, la modificación de la ordenanza contempla que suba al seis por ciento desde el 1 de enero de 2015 y hasta que se cumpla un año de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El PP defiende la medida porque va a "fomentar la regularización de viviendas", y además ayuda a dar carga de trabajo a "un sector duramente castigado" por la crisis como el de los arquitectos o aparejadores, que deben realizar una descripción o valoración de las viviendas en esta situación en el marco de este proceso de regularización.
Frente a ello, desde el PSOE se entiende como una "amnistía fiscal" que "no beneficia a todo el mundo", ya que un vecino que construya su casa en "un lugar regulado por la normativa urbanística" tendrá que pagar más que el que la tenga en "zonas ilegales", a lo que une la "merma" que supondrá en los ingresos del Ayuntamiento, cifrando en 25 millones de euros lo que deja de recaudar.
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