Unos 600 'santaneros' se han concentrado este miércoles ante el Ayuntamiento de Linares para exigir a los dirigentes autonómicos que "asuman sus responsabilidades o dimitan", toda vez que el Plan Linares Futuro sigue sin concretarse, a lo que se une ahora los impagos a los prejubilados de Matresur --única empresa que había logrado las pólizas en este proceso-- así como a los de 2001 y que la aseguradora Generali justifica en los retrasos en transferencias por parte de la Junta.

   Los afectados han llevado sus reivindicaciones hasta la céntrica plaza tras las dos asambleas que han realizado en la SAFA, en el caso de los afectados por los acuerdos del 14 de febrero de 2011, y en el Paseo de Linarejos, en el caso de los que fueron prejubilados hace once años, tal y como han indicado a Europa Press desde la Asociación de Promoción Social 28 de Febrero.

   Las fuentes de este colectivo, creado en 2001 con motivo del ERE de 2001 en Santana Motor y encargado también de la tramitación de las prejubilaciones el plan que supone el fin de la automovilística, han pedido el cumplimiento de todos los compromisos y han exigido "pasos al frente". "Alguien tiene que ser responsable. No es posible que casi 18 meses después de firmar el acuerdo solo una empresa haya conseguido la ayuda sociolaboral y que encima ahora dejen de cobrarla, al igual que los compañeros prejubilados hace más de una década", han incidido.

   Por ello, han decidido llevar su protesta este jueves hasta Sevilla. Partirán en autobuses a las 6,00 horas desde el campo de fútbol de Linarejos para concentrarse ante la sede de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, donde volverán a hacer patentes sus reivindicaciones. Además y como han hecho ante el Ayuntamiento linarense tras las asambleas, mostrarán su apoyo a los miembros de la comisión de seguimiento del 'Linares Futuro' que permanecen encerrados desde este martes en la Consejería de Empleo por el "insatisfactorio" resultado de la reunión.

   Como condición para abandonar esta protesta "indefinida", los sindicalistas han puesto dos cuestiones "imprescindibles": la formalización de las pólizas individuales en Arpa así como la solución para los prejubilados de 2001 y los de Matresur después de que la aseguradora Generali anunciase que no cobrarán la póliza de seguro de rentas de julio hasta que la Administración autonómica abone "los pagos que le adeuda desde 2004".

SIN FECHA DE SALIDA

   "No tenemos fecha de salida. De que la otra parte de la mesa dé respuesta a estos elementos fundamentales dependerá el fin del encierro", ha aseverado a Europa Press el secretario general de la MCA de UGT-Jaén, Gabriel Aleo. Él es una de las personas que desarrollan esta nueva medida de presión en la que cuentan con el respaldo del alcalde de Linares, Juan Fernández (PSOE), que "se volverá a unir al encierro a lo largo de esta jornada, tras tener que abandonarlo anoche por una urgencia".

   Aleo ha reivindicado la transferencia de póliza a la compañía para que la ejecución de los boletines individuales en la plantilla de Elevadores Casarrubio (Arpa) y su consecuente formalización, algo que "el pasado viernes 20 se prometió en unos días y no se ha hecho efectivo".

Tampoco hay aún salida al problema que supone los "impagos" del Gobierno andaluz a Generali, a pesar de que "se han producido contactos" entre las dos partes, por lo que se ha convertido en la segunda exigencia fundamental.

   Junto a ambas cuestiones, Aleo no ha ocultado estar "muy enfadados" por la "lentitud" en el resto de empresas del parque linarense para las que, tras Arpa, se había marcado una hoja de ruta que "tampoco está siendo respetada". En concreto, ha aludido a Ditecsa, Fasur y Santana Militar, que "continúan sin entrar en Intervención", lo que supondría "irse a final de año" para personas que viven una "situación muy complicada".

   "No solo llevamos siete meses sin ingresos, sino que encima hay que abonar el convenio con la Seguridad para mantener la base reguladora", ha explicado el dirigente sindical, quien ha expresado su "decepción" por que la burocracia sigue paralizando el proceso de prejubilaciones y recolocaciones, a pesar de las "esperanzas" que albergaron con la unificación bajo la dirección de Antonio Ávila de las consejerías implicadas en el proceso.