Difícilmente pueda un texto superar la amplitud de derechos y libertades que contiene nuestra Constitución Española. Un documento que muchos obvian fue aprobado por unas Cortes democráticas y refrendado por el conjunto de la población mediante votación en referéndum y que, por tanto, goza de todos los parabienes de los sistemas democráticos. Difícilmente pueda otro texto garantizar de igual forma que hasta ahora la convivencia entre los españoles, su mutuo reconocimiento o la estabilidad de sus instituciones.
No sólo es legítimo, sino que también lo es justo, el exigir un cumplimiento más exhaustivo de los distintos artículos de nuestra Constitución, pero mucho me temo que el vasallaje al que muchos intentan someter constantemente a la Carta Magna no obedece a ese deseo de mejorar en los derechos y libertades, sino en un mero intento de acabar precisamente con los principios de igualdad y libertad que la Constitución inspira, defiende y protege, para convertirla en un arma que articule la imposición progresiva del “pensamiento único”.
Ninguna normativa, del grado que sea, se desarrolla o implementa al completo en un primer momento. Siempre están dispuestos o previstos grados de ejecución, fases y siempre se prevé una vigencia larga en el tiempo precisamente para que todo su contenido pueda llevarse a efecto.
Tan completa es nuestra actual Constitución que nos dice, a las nuevas generaciones, cómo tenemos que hacer para modificar y mejorar aquellos aspectos que se consideren. Por tanto, vivimos bajo el amparo de una Constitución democrática, aprobada por las Cortes democráticas y refrendada por el conjunto de la población española, que consagra los principios democráticos de igualdad, libertad, separación de poderes y amplio conjunto de derechos y obligaciones, que nos sitúa a los ciudadanos como garantes y como depositarios de todos los poderes del Estado.
Entiendo que quien solo lleva como lema insistente y machacón el hecho de anular por completo la Constitución solo porque fuera otra generación la que la elaboró y aprobó (como si no viviera ya nadie que sí lo hiciera en 1978) es que quiere anular todos esos principios democráticos en los que se basa la Carta Magna.
De lo contrario, entiendo propuestas de cambios puntuales, de modificaciones en detalles que se consideren ya pasados.
Pero querer llevar el debate político sobre la mejor o peor gestión que hacen los distintos gobiernos al terreno de poner en jaque todo nuestros pilares de la democracia española esconde una propuesta, sin duda, mucho peor, que se escuda en una falsa defensa de los derechos de los ciudadanos (como si éstos no estuvieran protegidos y recogidos en el texto vigente) para convertir el actual sistema democrático en un artículo al servicio de una ideología que intentan imponer.
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