Parece que al final no llegará la sangre al río y no se producirá la primera de las concentraciones previstas por las escuelas católicas de Andalucía. Se ve que Susana Díaz ha escarmentado y sabe que no se puede permitir nuevas manifestaciones multitudinarias ni mareas de ningún color, mucho menos en los asuntos que ella siempre ha enarbolado como son la educación y la sanidad.
Y ahora que parece que aspira a liderar el PSOE no puede presentarse con la rémora de tener a media Andalucía en la calle.
Parece, porque uno puede fiarse lo justo, que la Consejería de Educación va a tener en cuenta las peticiones de los centros concertados y va a plantear el próximo Curso escolar con algo de más mesura que las intenciones inicialmente previstas.
Las demandas de la educación concertada son justas, medidas y amparadas por tres principios básicos: la libertad de elección de centro que ampara a los padres en la Constitución, la alta demanda que año tras año tienen todos sus colegios y la posibilidad de mejora de la educación pública.
El problema es que, de ser cierto que finalmente se llega a un acuerdo, se cierra en falso. Porque el debate central debería ser ver la bajada demográfica como una oportunidad para mejorar la atención a los alumnos y no como una ocasión para cerrar aulas.
La Junta no quiere ni por asomo pensar que cuando empiece el próximo curso escolar los titulares sean que se cierran aulas públicas o que se deja de contratar a profesorado en la pública. Y por eso ha querido que sea la concertada la que pagara la situación.
Pero, en cambio, lo que no analiza es por qué los padres, todos los cursos, abarrotan de solicitudes los centros concertados y siempre es en la pública donde sobran plazas. Si eso no se quiere analizar y lo que se quiere es aprovechar la situación para recortar por lo más gordo esta crisis se cierra en falso.
Los centros concertados deben estar vigilantes, así como todos aquellos que tenemos hijos que aún no han entrado en el proceso de escolarización y que serán los más perjudicados por las medidas superficiales que, ahora, va a tomar la Consejería de Educación.
Una pena que no se aproveche la ocasión para bajar la ratio, para que haya más profesores que atiendan tanta diversidad que existe en las aulas y un largo etcétera de necesidades de la educación pública en nuestra Andalucía querida. Por tanto, no es descabellado pensar que a la Junta no le interesa la calidad de la educación, sino la mera confrontación ideológica contra la Iglesia con un discurso maniqueo que, en virtud de la reacción que está habiendo, ya no le compra nadie.
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