Con la llegada del mes de noviembre las instituciones empiezan a realizar las propuestas de sus presupuestos. Y así comienzan las guerras de cifras. Los gobiernos de turno presentan sus cuentas con las mejores intenciones y casi siempre con generosas palabras como “la mayor inversión…”, “estos son los presupuestos para salir de la crisis”, “avanzar significativamente”, “despegar”, “reactivación”. Por su parte, la oposición de turno todo lo contrario. “Falta por incluir…”, “el gobierno miente con esas cifras”, “que muestren la ejecución presupuestaria”, “hay una previsión falsa de ingresos. Todos los años tiran de plantillas y como mucho unos y otros cambian ejemplos”.
Alguien me dijo una vez que un presupuesto es eso, un pre-supuesto, una previsión de gastos e ingresos, y a partir de ahí, se planifica la política y la gestión de una institución. Por tanto, lo importante no es solo contar lo que se va a hacer, sino hacer balance y demostrar lo que se ha hecho para ser creíble. Correcto. Pero, a pesar de ello, ¿siempre habrá cosas que no gusten a la oposición, no? ¿Qué propone la oposición en unos presupuestos? Mejor dicho, ¿se le deja proponer?
Siempre he pensado que ni todo puede estar perfecto ni tan mal. Debe haber un término medio. Pero para eso hace falta diálogo, y voluntad política. Pero es lógico que haya diferencias, no todos los partidos son iguales, ni tienen los mismos proyectos ni los mismos intereses. Sin embargo, lo que percibe la ciudadanía es una guerra de cifras, un “y tú más” o “y tú menos”, sin apenas alternativas, sin unos presupuestos alternativos.
El pasado lunes comenzó el carrusel. Los consejeros malagueños de la Junta de Andalucía presentaron las cuentas del gobierno autonómico y especificaron algunos ejemplos para nuestra provincia, como el metro, la retirada del amianto en algunos colegios, la depuradora de Málaga Norte, la construcción de nuevos centros escolares o inversiones para Puerto Seco y el Hospital de Ronda. ¿No sería bueno para la democracia que se reconozcan algunos logros? Igual luego, los socialistas devolverían en el Ayuntamiento y Diputación los reconocimientos. Sería sano, y mejoraría la credibilidad de la política.
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