El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, ha asegurado en el Parlamento andaluz que los servicios jurídicos de la Junta están es-tudiando la posibilidad de emprender acciones legales para paralizar en el ámbito de sus competencias el proyecto del gas en el entorno de Doñana. Para ello, se ha fijado un calendario de reuniones, entre técnicos y juristas, que servirá para sentar las bases de lo que puede ser un futuro recurso contencioso administrativo con el requerimiento previo a la Administración del Estado que contempla la Ley.
No en vano, la Junta de Andalucía ha pedido en un escrito al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la modificación de las condiciones de las declaraciones de impacto ambiental que amparan los cuatro subproyectos y a que instara al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital a que llevara a cabo la paralización del denominado Marismas Occidental y una evaluación conjunta de dichos proyectos.
Según Fiscal, los argumentos para ello están recogidos en sendos informes del Defensor del Pueblo en España y del Defensor del Pueblo Andaluz, así como en la respuesta a este último del delegado institucional de CSIC de Extremadura y Andalucía.
El consejero ha informado que a este escrito, el Ministerio de Agricultura y Pes-ca, Alimentación y Medio Ambiente ha contestado recientemente denegando el inicio de este expediente y exponiendo, entre otras razones, que no se ha producido un fraccionamiento en cuatro del proyecto sino muy al contrario y de manera sorprendente, que han sido agrupados en cuatro “para un mejor análisis de los impacto acumulativos”. También argumenta que no se accede a la modificación de las declaraciones de impacto porque alega que en la misiva enviada por la Junta no se enumeran las condiciones que han cambiado y que motivarían dicha modificación. Algo que, según Fiscal, no es exacto “ya que sí se alude a los dos grandes problemas, que son el riesgo sísmico y la afectación del acuífero”. Cabe destacar que en la respuesta del ministerio a la Junta se informa también que se ha dado traslado al órgano sustantivo, el Ministerio de Energía, de la inexistencia de estudios sísmicos completos.
Hay que recordar que el delegado del CSIC consideraba que la división en cuatro subproyectos no tiene en cuenta que todos ellos afectan al mismo acuífero, el subsistema Almonte-Marisma, y al mismo sistema de placas y fallas. También resalta que en las declaraciones de impacto ambiental no se valora la amenaza que supone la inyección de gas en el subsuelo, lo cual implica un riesgo sísmico.
Igualmente, el Defensor del Pueblo Español ha solicitado al Ministerio de Agri-cultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que evalúe de manera conjunta los impactos acumulativos de los cuatro subproyectos que prevén la explotación y el al-macenamiento de gas en el entorno de Doñana, además de sugerir que se revisen las declaraciones de impacto ambiental formuladas. De esta manera, se pretende valorar las distintas alternativas al almacenamiento de gas y garantizar que Doñana y su entorno no se vea negativamente afectado por la inyección y almacenamiento de gas.
Este organismo se ha dirigido también al Ministerio de Energía para que sus-penda la ejecución de los trabajos del proyecto Marismas Occidental hasta que no se complete la evaluación ambiental conjunta de los cuatro subproyectos. Todo ello tras analizar la información remitida por el Instituto Geológico y Minero de España en la que se advertía de la insuficiencia de la evaluación ambiental de los mismos por separado. También generaba dudas sobre la idoneidad del emplazamiento de los almacenamientos de gas proyectados, además de considerar que las evaluaciones individuales de los mismos no permiten valorar adecuadamente el riesgo sísmico y su impacto en el acuífero. De esta manera, el defensor ha solicitado al Ministerio de Energía a que aclare el estado de tramitación de las autorizaciones de los proyectos Saladillo y Aznalcázar, así como la situación en la que se encuentra el proyecto Marismas Oriental, tras denegar su permiso la Junta.
Respecto a la Autorización Ambiental Unificada (AAU) concedida por la Junta al subproyecto ‘Marismas Occidental’, Fiscal ha dejado claro que sus instalaciones no se encuentran dentro de los límites del Espacio Natural de Doñana, que los requisitos ambientales venían avalados por contar con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2010 y que la AAU favorable se emitió por la consejería el 15 de noviembre de 2010, mes y medio después de la DIA del Estado.
Respecto a las declaraciones de impacto ambiental de los tres subproyectos no se publican hasta 2013, por lo que la Junta desconocía el efecto ambiental de los cuatro proyectos. En este sentido, Fiscal ha afirmado que de haber tenido conocimiento de los mismos se hubieran tratado en un solo bloque, y probablemente dicha AAU no hubiera sido positiva.
En opinión del titular del Medio Ambiente este proyecto adolece de muchos in-convenientes y perjuicios potenciales para Doñana y su entorno, una situación que el Gobierno andaluz quieren enmendar “siempre dentro de los márgenes del estado de derecho y con el máximo respeto a las resoluciones judiciales”.
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