El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha admitido este lunes que durante los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno andaluz pudo haber alguna irregularidad en la gestión de las ayudas a la formación pero no ilegalidad así como ha defendido que en ese periodo "nunca" se produjo "alerta o aviso" dentro de la administración sobre ningún tipo de "deficiencia o irregularidad" y que "nunca", a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz, firmó "ninguna decisión ilegal".
Así lo ha dicho el exdirigente andaluz socialista en su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, que ha durado unas dos horas y media, y cuando ha señalado que tampoco dio "nunca" "recomendaciones o instrucciones" para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.
"Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley", ha incidido antes de recalcar que "creo que durante mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la administración, creo que ni siquiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad".
Antes de que los portavoces de los partidos políticos comenzasen a formular sus preguntas, Chaves se ha mostrado "convencido" de que la administración laboral de la Junta que gestionó y ejecutó las políticas activas de empleo y la formación profesional lo hizo en el marco de "la más estricta legalidad".
En ese sentido, ha aclarado que se refería "no solo a los funcionarios de la administración laboral de la Junta" sino también "a todos los cargos directivos, cualquiera que fuera su nivel", de las estructuras y organismos que gestionaban la formación profesional.
Además, ha advertido de que, pese a las "dificultades" que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de cualquier nueva política, como era en aquel momento las políticas activas de empleo, la gestión y ejecución de éstas y de la formación profesional fue "positiva, razonable, útil y eficaz" para la creación de empleo en Andalucía y para formar a trabajadores en campos en los que había más deficiencias de recursos humanos.
"EN LA ADMINISTRACIÓN SE HA ACTUADO LEGALMENTE"
Chaves ha indicado que durante su mandato la gestión que se hizo de la formación fue una ejecución "razonablemente buena" aunque ha señalado que "seguramente hubo alguna irregularidad, es posible, no lo sé, pero no creo que hubiera ninguna ilegalidad ni ningún tipo de fraude en el seno de la administración", ha abundado antes de defender que, en cualquier caso, "el acto ilícito es por parte de quien ha cobrado ilícitamente, no de la administración". "Lo importante es si dentro de la administración se ha actuado legalmente que yo creo que sí", ha apostillado.
Así, ha defendido que las políticas de empleo buscaban diversificar la economía andaluza y fueron "eficaces" en la creación de empleo y así lo reflejaron los datos de empleo del 2007 o del 2008 que fueron aumentando hasta 2009, cuando por la crisis "se tiraron por tierra todas las expectativas y previsiones". "No voy a ser presuntuoso, no todo era consecuencia de las políticas de empleo, también se debió a la buena coyuntura económica, a la buena interrelación de las políticas económicas del Gobierno central, la UE y la Junta", ha apuntado.
De otro lado, el expresidente ha dicho que tenía "plena confianza" en los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera, responsables del ramo durante su mandato, y ha dicho que "hay que presumir su inocencia hasta que los tribunales se pronuncien o ustedes --por los miembros de la comisión de investigación-- se pronuncien sobre la responsabilidad política".
Ha remarcado que está prohibido por ley sacar beneficios de estas ayudas y que si algún empresario los obtuvo "cometía un acto ilícito el empresario no la administración" y "desde luego no se lo ha podido aceptar en la administración", a la par que ha negado que hubiera "favoritismo" a ningún agente social pues "había una base legal muy clara" según la ley orgánica de libertad sindical y el Estatuto de Trabajadores.
Con todo, a preguntas de la diputada de IU en la comisión, Elena Cortés, Chaves ha explicado que se confió la formación al sector privado porque cuando se transfirieron las competencias "la Junta no tenían una red pública suficiente para atender la demanda que se daba en Andalucía" y se ha confesado defensor "de las políticas públicas y de la gestión pública de las políticas".
De las recomendaciones que hizo la Cámara de Cuentas en 2007 en este sentido, Chaves ha dicho desconocer si se pusieron en práctica o no pero ha explicado que todos los años se reunía con el organismo para conocer dicho informe anual y que no recuerda "en ninguno de los años que me hayan informado de ningún tema relacionado con la formación".
LA FAFFE "NO TENÍA UNA INTENCIONALIDAD MALSANA"
Ha asegurado que no ha acudido a la comisión de investigación "ha hacer autocrítica" como le ha pedido la parlamentaria de Ciudadanos (C's) Marta Bosquet: "No me voy a rasgar las vestiduras, habría errores, es posible que hubiera atascos con las exceptuaciones o falta de personal" ha admitido Chaves para defender que en la formación "hubo una gestión positiva y eficaz, por lo menos hasta el 2009".
Sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha dicho que no era de su competencia contratar a los trabajadores ni sabía cómo se contrataba, así como ha negado que su continuidad tuviera una intencionalidad "malsana", sino que esa decisión fue "por eficacia y falta de una red pública para la gestión de esos fondos".
Respecto a la falta de personal, y respondiendo a Juan Ignacio Moreno Yagüe, de Podemos, Chaves ha dicho que no tuvo conciencia de que había "un problema de atasco" en la tramitación de los expedientes y que en cualquier caso sería a partir de 2010: "no es que quiera echar balones fuera, se detectó a partir de ahí aunque es posible que se fuera acumulando de años anteriores". Los recursos, ha explicado, se negociaban en el capítulo uno y dos de Presupuesto merced de un acuerdo entre las consejerías y que, una vez decidido, era competencia "única y exclusiva" de cada una gestionarlos.
De otro lado, ha dicho desconocer el régimen de las exceptuaciones, que ha pedido no confundir con las exoneraciones porque "no es un perdón, hay que justificar las ayudas", mientras ha indicado que en su época "apenas se produjeron" y que eran competencia exclusiva del consejero del ramo.
Más tenso ha sido el debate con el diputado del PP-A Miguel Ángel Torrico, cuando le ha preguntado por un auto judicial del caso y Chaves se ha negado a contestar al respecto: "Sobre un auto no me pronuncio aquí, esto es comisión de investigación", mientras también ha rehusado valorar la decisión de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, de paralizar la formación, a pesar de que el parlamentario le ha preguntado en varias ocasiones.
"He sido presidente de la Junta, tengo una responsabilidad política sobre todas las decisiones que ha tomado la administración para lo bueno y para lo malo, pero si me quieren hacer responsable político, lo puedo entender, lo tienen claro desde el primer día de la comisión", le ha dicho Chaves antes de desligarse de las declaraciones de otros cargos: "No asumo esa responsabilidad política, tenían autonomía", ha dicho en otro momento de su declaración.
De su lado, a preguntas de Rodrigo Sánchez Haro, del PSOE-A, el expresidente ha dicho que hubiera sido "imposible" haber dictado normas que hubieran permitido el fraude y que, si hubiera tenido conocimiento de ello, "no lo hubiera tolerado". "Durante 19 años como presidente nunca he tolerado ninguna ilegalidad, nunca la he mantenido y nunca la he impulsado, en cualquier política que ha gestionado y ejecutado la Junta", ha zanjado.
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