El Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva (COAH), como corporación de derecho público, ha ofrecido toda su colaboración y recursos técnicos y administrativos para la búsqueda de fórmulas de gestión que solventen el problema administrativo y económico al objeto de que pueda abordarse "cuanto antes" la rehabilitación del edificio de la antigua cárcel y su funcionamiento al servicio de los ciudadanos.
Así se ha pronunciado la decana del COAH, Noemí Sanchís, en declaraciones a Europa Press tras la polémica surgida entre el Consistorio y la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP), dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la titularidad y mantenimiento de este edificio.
Noemí Sanchís ha destacado que "todo lo que no se usa, desaparece y evidentemente el edificio está cada vez más deteriorado, por la ausencia de uso y mantenimiento desde hace años".
Por ello, ha recordado que actualmente se están plasmando con éxito experiencias "pioneras" de rehabilitación en antiguas cárceles, con operaciones urbanísticas que rentabilizan estas transformaciones, las cuales "frenan el deterioro de edificios de valor histórico, a la vez que le otorgan nuevos usos que permiten el disfrute público de los mismos".
Así, ha hecho hincapié en que rehabilitar el patrimonio es "muy costoso", por lo que, a veces, se requieren inversiones privadas paralelas que garanticen la disponibilidad económica. "Lamentablemente es así en tiempos difíciles para la inversión pública, sobre todo si la financiación de los ayuntamientos y la recuperación del patrimonio arquitectónico y arqueológico, se hayan ligadas al desarrollo urbanístico", ha explicado Sanchís.
A su juicio, "ninguna de las administraciones, ni central y ni municipal, vinculadas al proceso de cambio de titularidad del edificio, parece tener dinero para abordar la adquisición y rehabilitación del mismo", y además la intervención de inversiones privadas para edificios de uso dotacional "lleva años bloqueada porque la administración autonómica interpreta que los sistemas generales, --calificación que el PGOU otorga a la antigua cárcel--, no pueden ser de gestión privada".
Para Noemí Sanchís, "no parece lógico en estos casos, que las dotaciones públicas puedan ser de gestión privada y los sistemas generales no, máxime cuando este bloqueo administrativo y económico, abocan a la ruina del edificio y la pérdida de un importante patrimonio histórico y artístico, así como de bienestar social".
Por todo ello, ha apuntado que la transformación de sistema general en dotación requeriría de "un largo proceso de revisión del Plan General, lo que podría convertir el problema en irreversible".
Por tanto, "la ausencia de soluciones administrativas, jamás debiera convertirse en el principal enemigo del patrimonio, a pesar de haber conseguido normativa para su protección y puesta en valor". "El esfuerzo se torna en inútil en casos en los que estas debilidades se hacen presentes, y todo lo conseguido, no sirve para nada", ha enfatizado.
"FLEXIBILIDAD" A LAS ADMINISTRACIONES
En consecuencia, llegados a este punto, la decana del COAH ha sostenido que es "imprescindible volver a pedir flexibilidad en las distintas administraciones estatal, autonómica y local", que confluyen en la toma de decisiones sobre el futuro de la antigua cárcel de Huelva, porque es "cierto que se precisan cuanto antes mecanismos de gestión creativos para que precisamente, este edificio nunca llegue a la ruina, con la ayuda de todos".
Ha subrayado que el patrimonio histórico y arquitectónico "nos pertenece a todos los ciudadanos", por lo que "nuestro deber es encontrar fórmulas sociales, técnicas, normativas, administrativas y económicas que hagan viable su recuperación, más allá del régimen de propiedad actual sobre el mismo, que, en exclusiva, no puede condicionar la posible intervención y gestión futura de los usos que pueda albergar vinculados al régimen de titularidad o explotación y entendidos siempre como equipamiento de ciudad".
Tras incidir en que "lo importante es que se trabaje ya desde las administraciones involucradas en las posibilidades de futuro del edificio y su entorno inmediato", ha apostado por que impere "el compromiso y la generosidad de toda la sociedad".
Ha recordado que en ocasiones "se ha permitido que prevalezcan los prejuicios impidiendo que se acometan propuestas sobre el edificio que hubiesen supuesto una gran aportación en materia social, cultural y económica", tanto para colectivos de alto riesgo de exclusión social, como para los propios vecinos de la zona, "que han visto frustradas sus expectativas en materia de equipamientos y regeneraci�n del tejido espacial y socioeconómico de sus barrios".
"Creo que en esto vamos aprendiendo pero más allá, es una realidad a todos los niveles, que las administraciones de todos los colores no pueden seguir enzarzadas en pugnas políticas mientras el país o la ciudad se paralizan, los recursos y el patrimonio se deterioran o desaparecen y los ciudadanos sufren", ha defendido Sanchís, quien ha apuntado que es "tiempo de trabajo y responsabilidad". "No es momento de reproches ni estrategias políticas sino de soluciones", ha concluido.
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