Si las instituciones no son útiles para los ciudadanos, de poco sirven; si en su quehacer diario además, no fijan la vista en los problemas más acuciantes y en prestar apoyo a quienes peor lo están pasando, aplican malas políticas; si por contra, dan un paso adelante y gestionan desde planteamientos de progreso, más cercanas estarán siendo, más solidarios, a la vez que ganan en eficacia a la hora de propiciar igualdad. Sirva esto de introducción para poner en valor que la Oficina de Asesoramiento sobre Desahucios y Área Social puesta en marcha por el Ayuntamiento de Huelva ha evitado en tres meses el desalojo de 24 familias y conseguió frenar 12 casos de lanzamiento. La vivienda constituye un derecho social básico que se ha visto quebrado por un modelo basado en favorecer la venta sin reparar en si había posibilidades reales de mantener después el pago de las altas hipotecas y elevados intereses bancarios, una mala gestión durante esta crisis y durante los años previos a la misma que perjudicó a muchas familias que se ven en peligro de perder su hogar y quedarse en la calle, a veces, lastrados por una deuda que ya nunca podrán quitarse de encima. El Ayuntamiento ha elegido, estar cerca de quienes más lo necesitan, con algo tan sencillo como es intermediar y asesorar en el trato con las entidades financieras, con programas de mediación de la deuda hipotecaria que facilitan la reestructuración, la quita, el control de intereses, la dación en pago con alquiler social y denunciando los incumplimientos del Código de Buenas Prácticas.
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