La apertura de un centro de internamiento de menores infractores en la provincia de Huelva es una demanda histórica que desde la Junta de Andalucía aún no se ha satisfecho. De ahí que el Defensor del Pueblo Andaluz y también del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, vuelva a reclamar este espacio en su informe especial sobre ‘La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía’.
En este documento, fechado en diciembre de 2014, el Defensor, dentro del apartado de recomendaciones y sugerencias, reclama que desde la Consejería de Justicia e Interior “se desarrollen las gestiones y actuaciones necesarias para dotar a la provincia de Huelva de un centro de internamiento para menores infractores, por tratarse de la única provincia de Andalucía que carece de este tipo de recursos”.
Maeztu su basa en la Ley Orgánica 5/2000, que reconoce el derecho del menor sometido a una medida de internamiento al cumplimiento de tal medida de privación de libertad en el centro más cercano a su domicilio.
El Defensor explica que “es un derecho que persigue facilitar los contactos de la persona menor con sus familiares, amistades y vecindad, procurando que el internamiento no suponga como añadido una ruptura de relaciones o una pérdida de los vínculos con su entorno social al que, no olvidemos, habrá de reintegrarse”.
De ahí que vuelva a reivindicar este centro para Huelva, al entender que “la interpretación de la ley, por extrema que fuera, no puede llevar a considerar admisible que una de las provincias de Andalucía -Huelva- haya carecido y siga careciendo de al menos un centro para medidas de internamiento de menores infractores”.
De hecho, advierte que “la circunstancia de que Huelva carezca del referido centro genera una dinámica de funcionamiento contraria a la organización provincial de la propia Junta de Andalucía, fuente de constantes disfunciones al hacer depender determinadas actuaciones de centros y servicios con referente administrativo provincial ajeno al domicilio familiar de los menores”.
Demanda histórica
Maeztu recoge en su informe que ya se hizo esta recomendación a la Junta en 2007, y se volvió a repetir en 2010. En ambas ocasiones, la respuesta de la Administración andaluz fue favorable, pero no se ha llevado a efecto.
En marzo de 2013, el delegado del Gobierno en Huelva, José Fiscal, en el transcurso de unas jornadas sobre justicia, indicó que la Junta haría lo posible para que Huelva cuente con un centro de internamiento de menores. De momento, nada más se sabe al respecto.
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