En el banquillo por protestar en la calle. Eso es lo que aseguran desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en Huelva que les ha pasado a tres miembros onubenses, que están citadas por un juicio de faltas el próximo 5 de marzo en los juzgados onubenses a raíz de una denuncia de agentes de la Policía Nacional por “desobediencia civil”.
Los hechos se remontan a mayo de 2014, cuando la PAH protagonizó un acto de protesta ante la oficina de IberCaja en Huelva para exigir un alquiler social a las familias que desde hacía más de un año y medio se habían instalado en un bloque de esta entidad en Sevilla, conocido como la ‘Corrala Utopía’.
Estas familias reclamaban un alquiler social en unas viviendas que estaban vacías, y desde la PAH en Huelva quisieron unirse a esta reclamación.
Ese día, según relata la plataforma en un comunicado, “tres activistas fueron denunciadas por desobediencia a los agentes del Cuerpo Nacional de Policía Nacional, cuando no hacíamos más que mostrar pública y pacíficamente nuestro rechazo a la política de casas vacías y familias en la calle, como siempre hemos hecho a lo largo de todo este tiempo”.
Desde la PAH insisten en que “en ningún momento se produjo la desobediencia denunciada, ya que las tres compañeras facilitaron su DNI a los agentes en el mismo momento en que les fueron requeridos”.
Por ello instan a la Justicia a “hacer su trabajo, repartir Justicia en estos tiempos tan carentes de Justicia Social”. De hecho, aseguran que se trata de un caso de “represión a la movilización” y añaden que “entendemos que los cuerpos de seguridad del Estado se sienten muy presionados por la restricción que el Gobierno quiere hacer en los derechos más elementales de expresión de los ciudadanos y que ello los ha llevado a denunciar una protesta pacífica”.
Más concentraciones
Pese a estas denuncias, la PAH ha seguido con sus protestas, y este mismo miércoles protagonizaban dos concentraciones en la capital onubense, una frente a una oficina del BBVA en El Molino y otra ante la sede de Gran Vía del Deutsche Bank.
En el primer caso demandan un alquiler social para Rocío, una madre de dos niños que tiene orden de desahucio para el 15 de mayo. La PAH reclama que pueda seguir habitando su vivienda a cambio de una renta adaptada a sus posibilidades.
Por su parte, a Deutsche Bank le reclaman la condonación de la deuda para Joaquín, que ya ha perdido su vivienda aunque sigue en ella con un alquiler social. Sin embargo, sigue con una carga a sus espaldas, pues debe pagar al banco por ella.
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