El presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Antonio Pontón, que ha presidido este viernes el III encuentro con los Jueces y Secretarios de los Juzgados de Paz de la Provincia de Huelva, donde ha remarcado que estos jueces "son muy necesarios", indicando además que si desaparecen, tal y como marca el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "tienen que sustituirlos".
En declaraciones a los periodistas antes de presidir el encuentro, Pontón ha señalado que se trata de "una justicia muy olvidada y en muchas ocasiones abandonada". En total, en la provincia hay 73 juzgados de paz.
Sin embargo, ha precisado que "siguen siendo muy necesarios porque cumplen una función primordial, no sólo en el ámbito del registro civil, sino también en juicios de falta y en apoyo y auxilio a los juzgados de instrucción y a la propia Audiencia Provincial".
En cuanto al perfil, ha asegurado que se trata de "una persona trabajadora de unos 50 años y muy integrada en la población, aunque también hay gente joven".
Por su parte, el presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, que ha colaborado en la celebración de este encuentro, ha señalado que los jueces de paz "hacen una labor magnífica porque son los alcaldes de los pueblos de 1.000 y 2.000 habitantes", indicando además que su cercanía con los ciudadanos "resuelve muchos problemas".
Caraballo ha explicado que estos cargos son elegidos en los plenos municipales y, aunque no necesitan tener formación académica ni ser licenciados, "tienen un viso de autoridad natural y un reconocimiento de persona buena y respetable".
Por su parte, el vicedecano del Colegio de Abogados de Huelva, Fernando Vergel, ha defendido "la permanencia y la potenciación de los juzgados de paz en materia de mediación" porque, a su juicio, se trata de "un elemento indispensable en el desarrollo social de los municipios que no cuentan con juzgados de primera instancia e instrucción".
"Llevan funcionando bien durante más de dos siglos", ha enfatizado Vergel, por lo que cree que el anteproyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial "no tiene sentido", indicando además que están "capacitados para arreglar asuntos de pequeñas cuantías" y que "no suponen mucho coste". De hecho mantienen un sueldo de alrededor de 300 euros mensuales.
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