El exedil de Urbanismo del PP en Aljaraque Casto Pino, imputado por apropiación indebida, falsificación documental y blanqueo de capitales sobre un desfase contable en el Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, se ha acogido a su derecho a no declarar.
Pino, que fue gerente y secretario del colegio, estaba citado hoy ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva para tomarle testimonio en relación a estos hechos aunque ha declinado esta posibilidad.
Según ha explicado en declaraciones a los periodistas su abogado, Moises Barroso, "falta mucha documentación e información en la instrucción de la que pueden derivarse responsabilidades civiles que impliquen a otros miembros de la Junta de Gobierno del Colegio" y de esta forma, exonerar a su cliente.
La declaración será la primera de una serie de testificales que se desarrollarán a lo largo de esta semana después de que el pasado mes de julio el decano del Colegio, José Antonio Melo, ratificara la denuncia ante dicho juzgado.
Pino fue detenido a finales de abril junto a su esposa A.S.N, de 50 años, también vinculada a dicha institución a la que se le imputan los mismos delitos y A.G.V, de 49 años, asesor contable de dicho Colegio, por un delito de blanqueo de capitales.
La operación se desarrolló, a instancia del Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva, después de que el propio Colegio denunciara un desfase en sus cuentas que, según los investigadores, puede superar el millón de euros.
Durante nueve meses los investigadores policiales analizaron la contabilidad de los diez últimos años del Colegio de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva, hallando evidencias de graves irregularidades con importantes disposiciones de dinero sin justificación documental, así como pago de facturas y transferencias a terceros ajenos a la actividad colegial.
Tanto Pino como A.G.V., en libertad con cargos desde días después de su detención, tienen antecedentes policiales por Delitos Contra la Hacienda Pública, estando inmersos en una causa judicial relacionada con el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos cuando el primero aún estaba en el Ayuntamiento de Aljaraque, que está a la espera de señalamiento del juicio.
Por estos hechos se enfrentan a una petición de condena por parte de la Fiscalía de 8 años y medio y 11 años de cárcel respectivamente, y a multas de entre 300.000 y 500.000 euros.
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