Poco se ha hecho esperar la respuesta del alcalde de Cartaya, el independiente Juan Polo, a la noticia adelantada este jueves por el diario VIVA Huelva sobre la denuncia que contra él interpuso el pasado 25 de junio en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Ayamonte la representación de la intercomunidad de propietarios de la urbanización José María Tres, de Nuevo Portil, por un "presunto delito de prevaricación".
Los denunciantes acusan al primer edil cartayero de “tener conocimiento de una actividad ilegal y consentirla”, en referencia a la actividad industrial que ejerce una panadería ubicada en dicha urbanización cuya fachada da a la calle Valle Frío, según los propietarios de forma “no permitida por las normas urbanísticas de Cartaya, además de no autorizada”, al encontrarse en Suelo Urbano Consolidado, según Planeamiento General de Ordenación Urbana” de la localidad costera.
El alcalde ha “desmentido rotundamente” que en el Ayuntamiento de Cartaya “absolutamente nadie, ni el alcalde, ni el secretario, ni los técnicos municipales, hayan cometido delito alguno ni hayan consentido actividad ilegal de ningún tipo”, en respuesta a la información aparecida en VIVA Huelva sobre lo que Polo considera “una ‘presunta denuncia de tres representantes de una intercomunidad de Nuevo Portil’ de la que no tenemos constancia que haya llegado a ningún juzgado”.
En este sentido, el primer edil ha señalado en una nota remitida a este periódico que el establecimiento al que se hace referencia “tiene licencia como ‘obrador-panadería’ desde abril de 1999, proporcionando empleo a una veintena de personas, y que, tan pronto como los técnicos municipales detectaron que el propietario ha ido realizando ampliaciones, desde el Ayuntamiento se ha actuado con la debida diligencia, siempre respetando los plazos, procedimientos y derechos de todas las partes, y prueba de ello es que fruto de las visitas, inspecciones y requerimientos municipales el propietario ha gestionado su traslado a otro lugar, que, según ha comunicado por escrito y consta en el expediente, se producirá en un plazo de 30 días”.
“Además y mientras este se produce –añade Polo-, y también por exigencia de los técnicos municipales, ha tenido que adoptar una serie de medidas correctoras, entre las que se encuentra la no utilización de gasoil como combustible desde diciembre de 2013, así como la posterior retirada del depósito, también consecuencia de una inspección municipal, y que tampoco se encontraba en funcionamiento desde esa fecha”. “La actividad contaba con la preceptiva autorización de la Delegación en Huelva de la Consejería de Industria” ha puntualizado.
En ningún caso, ha asegurado el primer edil, “ha habido consentimiento, ni omisión, ni dejadez, sino más bien lo contrario, tan pronto como los técnicos constataron que la ampliación no era legalizable, se le comunicó al propietario instándole a tomar medidas y realizando numerosas visitas e inspecciones, hasta que este comunicó el cese de la actividad y su traslado a otro municipio”. Además, “mientras se agotan los plazos para que este hecho finalmente se produzca, puesto que solicitó entre 30 y 40 días para hacerlo, se ha ido comprobando en las sucesivas inspecciones realizadas que se han adoptado las medidas correctoras exigidas” ha dicho.
Por otra parte, el alcalde subraya que la Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía “también realizó una visita de inspección al lugar y dictó la resolución pertinente, con lo que las administraciones en ningún momento hemos actuado con dejadez, pero tenemos que respetar los derechos de todo el mundo, máxime cuando el propietario del establecimiento tiene licencia inicial para su actividad, en la que emplea a una veintena de personas, y hay aspectos denunciados por la comunidad que no se pueden acreditar fehacientemente con datos objetivos, según los informes de los técnicos municipales”.
El primer edil ha concluido afirmando que “en ningún momento puse condición alguna para recibir a los representantes de la comunidad que vinieron a hablar conmigo, ni me hubiera importado recibir a todos los vecinos para explicarles la situación, porque en todo momento hemos obrado como corresponde a una administración pública que debe conciliar los derechos de todos los ciudadanos”.
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