El sector fresero onubense es uno de los motores de la economía de la provincia, está muy bien posicionado internacionalmente y se basa en un modelo que se exporta fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, a pesar de las grandes luces, también hay sombras que ponen el acento en las malas condiciones que sufren algunos de sus trabajadores.
Recientemente han salido a la luz casos de temporeros que vivían en condiciones infrahumanas, trabajadores que han quedado ‘atrapados’ en sus fincas por la falta de pago, etc. En la misma línea, un estudio ha detectado casos similares, aunque desde el prisma de la perspectiva de género y la inmigración.
Se trata de la investigación ‘Las mujeres migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación y los campos de fresa de Huelva’, impulsada por la ONG Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) en colaboración con un equipo investigador de la Universidad de Huelva, que perseguía hacer un diagnóstico de las mujeres inmigrantes que vienen a trabajar a las fincas freseras onubenses. En total, se han entrevistado a 29 mujeres -21 rumanas, cuatro búlgaras y cuatro marroquíes- que trabajaban en seis fincas distintas. Precisamente, la primera traba que han encontrado ha sido el acceso a las explotaciones agrícolas, a pesar de haber contado con la intermediación de una asociación agraria, explica la responsable del equipo investigador a Viva Huelva.
Las conclusiones del estudio muestran dos caras: una buena en la que el prima el respeto a las trabajadoras, y otra muy negativa en la que no se respetan ni sus derechos más básicos. Curiosamente, hay una relación directa entre el estado de la finca y las viviendas para temporeros y las condiciones laborales de las mujeres. Así, se han detectado “condiciones de hacinamiento, llegando a estar incluso más de seis personas por habitación, con un solo armario, en literas de tres alturas, con un único baño y una pequeñas cocina para más de 15 personas”, así durante todo el tiempo que dura la campaña.
Además, aunque en teoría el alojamiento está incluido según el contrato, “algunas de las mujeres dicen tener que trabajar un tiempo extra sin cobrar para pagar los gastos de luz y agua”. Y en una de las fincas estudiadas, “las mujeres explicaban sentirse en condiciones de semiesclavitud, al estar férreamente controladas por los empresarios con cámaras”.
No pueden ir n al baño
En cuanto a la relación con sus superiores, bien el empresario o la ‘manijera’, en algunos casos resaltan una buena relación, pero en otros “hablan de trato denigrante y humillante, al sentirse tratadas como animales, además de ser insultadas y amenazadas”. De hecho, en algunos campos se quejan de no poder ir ni siquiera al baño si no es con el consentimiento de la ‘manijera’. Del mismo modo, algunas temporeras denuncian “ser tratadas de forma diferente a sus compañeros varones”, y destacan “las miradas lascivas o los comentarios sexuales que reciben por parte de sus superiores varones”.
Por último, algunas se han sentido estafadas desde un primer momento, al llegar a Huelva “sin tener claras cuáles iban a ser sus condiciones de trabajo y de vivienda, ni siquiera las condiciones del traslado”, habiendo tenido que pagar más de lo acordado a mitad del viaje o comisiones extra para obtener el NIE (Número de Identiodad de Extranjero).
A raíz de los resultados del estudio, se plantean varias propuestas, como incrementar la colaboración gubernamental en los procesos de selección en origen, impulsar puntos de encuentro entre las mujeres migrantes y la población autóctona, u ofrecer una guía completa y detallada de los recursos con los que cuentan al llegar a Huelva.
Los resultados del estudio, financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional y Desarrollo, se han hecho públicos a los agentes sociales e institucionales que trabajan en relación directa con el contingente de mujeres migrantes que viajan a la fresa.
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