La Audiencia Provincial de Huelva ha devuelto al juzgado de Instrucción 1 de la capital la denuncia por prevaricación presentada por los funcionarios del servicio de Minas contra su jefe de Servicio, Tomás Fernández Nuviala, y contra su superiora, la entonces delegada de Economía, por obligarles a firmar una resolución de la planta de tratamiento de aguas de Minas de Aguas Teñidas, Matsa, “contrario a la legislación minera”
La causa, que fue sobreseída por el juzgado al considerar los hechos sólo “discrepancias administrativas”, deberá ser de nuevo tramitada, al entender la Audiencia Provincial de Huelva que la orden o comunicación interna “es cuestión compleja” que no permite ser “despejada” sólo en la fase de instrucción.
Así, el auto, fechado el 22 de abril de 2013 y al que ha tenido acceso Viva, considera que se desconoce “la trascendencia que la orden interior ha tenido en la esfera extra-administrativa”, por lo que debe “determinarse si, ante la negativa de los técnicos a acatar esa orden, ésta se llevó a efecto o no”, en referencia a la autorización de funcionamiento a Matsa de la puesta en servicio de un tanque de oxigenación y plan de restauración “sin la previa caracterización de agua ante la sospecha de la posible existencia de residuos no inertes o peligrosos”.
Añade el auto que es necesario precisar la posición de la delegada provincial en aquel entonces, María José Asensio, y determinar si asumió la puesta en funcionamiento de esa actividad o si refrendó la orden que dio en tal sentido Tomás Fernández Nuviala.
Además, la Audiencia considera que debe “analizarse de modo detallado la posible trascendencia e impacto de lo finalmente acaecido respecto de otros bienes jurídicos”, apuntando que la denuncia puede “trascender el ámbito de la prevaricación puesto que, en definitiva, la inobservancia que se denuncia del trámite de caracterización de aguas pudiera redundar en una traslación al medio ambiente de materiales, sustancias o residuos peligrosos o contaminantes”.
Así, la Audiencia devuelve la denuncia al juzgado original para que continúe la tramitación de la causa y se cite para declarar como imputados a Tomás Fernández Nuviala y a la exdelegada provincial de Economía, citando como testigos a los querellantes.
Los seis funcionarios que componen el departamento de Industria, Energía y Minas de Huelva han presentado una querella criminal por prevaricación contra el jefe de Servicio de la provincia, Tomás Fernández Nuviala, por obligarles a firmar una resolución de la planta de tratamiento de aguas de Minas de Aguas Teñidas, Matsa, “contrario a la legislación minera”, una querella que extienden a la entonces delegada de Economía y actual directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asensio.
Según fuentes del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), que representa a los seis funcionarios, la querella fue presentada en junio de 2012 ante el juzgado de Instrucción de Huelva (que lo archivó en octubre) por la comisión de un presunto delito de prevaricación, al considerar que el funcionario les presionó para emitir un informe favorable sobre la planta de tratamiento de aguas en Sotiel, dependiente de Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en Calañas.
Los funcionarios exponen en los 22 folios de la querella y “con documentación”, según las fuentes, cómo recibieron presiones de Fernández Nuviala durante la elaboración del informe de tramitación previa de la planta de tratamiento de aguas inertes de Sotiel, en esos momentos con un permiso de explotación.
Según las fuentes, el 26 de abril los funcionarios comunicaron al jefe de Servicio que “no procedía” la salida a información pública del proyecto al no cumplirse los requisitos legales, iniciándose una serie de comunicaciones hasta que el 16 de mayo les obliga “como superior jerárquico a que lo hagan”, amenazándoles con responsabilidades penales y expedientes disciplinarios.
Los funcionarios insisten en que el conflicto no se debe a “diferencias de criterios u opinión” como alega la Inspección de Servicio, donde pusieron en conocimiento los hechos, quien consideró que no hay una “flagrante vulneración de la Ley”, alegando que no pueden ponerse de acuerdo -como recomendaba la Inspección- con Fernández Nuviala ni esperar la respuesta de la Dirección General de Minas, que ahora dirige la anterior delegada en Huelva, “que también ha tenido parte importante en esta historia”, según el sindicato.
La querella, que también hace referencia a otra denuncia presentada contra Fernández Nuviala en el juzgado de instrucción número 1 de Valverde del Camino, incluye la documentación y los informes cruzados que se han remitido las partes y que reflejan la “actitud contumaz del querellado” para que se firmaran las resoluciones que ellos veían contrarias a la legislación vigente.
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