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ANDALUCÍA | TRAMA DE LOS ERE

El secretario niega que Alaya "intimidara" al ex consejero Fernández, que fue quien "elevó" la voz

E. P.
28/06/2012 20:04

El secretario judicial del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha negado que la juez Mercedes Alaya "intimidara" o "gritara" en su declaración como imputado al exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, en prisión desde el pasado mes de abril, asegurando que fue éste "quien elevó continuamente la voz".

   En una diligencia dictada el pasado día 8 de junio, a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario se refiere al contenido del recurso de apelación interpuesto por el letrado de Fernández contra el auto de prisión dictado por la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se alude a que Alaya instó al imputado "a que asumiese sus responsabilidades" o que ésta habló "en voz tan alta que se le escuchaba" por los periodistas que estaban fueran de la sala donde se celebró la declaración.

   Pues bien, el secretario pone de manifiesto que todos estos extremos "no figuran recogidos en el acta extendida al efecto", por lo que "en modo alguno estos hechos se han producido y por ello no figuran en las actas redactadas", añadiendo que "todo lo que aconteció a lo largo de los sucesivos días en que tuvo lugar la declaración se recogió escrupulosamente en el acta".

   De hecho, prosigue el secretario judicial, "fue éste precisamente uno de los motivos de su duración, pues gran parte del tiempo englobado como 'de declaración' se invertía en la redacción del acta, de tal forma que lo en ella no reflejado no tuvo lugar, a excepción de los diferentes recesos que se hicieron por cansancio del señor Fernández cada que vez que éste lo indicaba o su señoría lo denotaba y que, por obvios, no se reseñaron".

   Así, y en relación a la presunta intimidación al imputado "para que asumiera su responsabilidad", el secretario judicial dice que, después de que el exconsejero le dijera a la juez: 'usted se cree que yo lo sé todo', la magistrada reaccionó contestándole que "era su obligación como instructora formularle las preguntas que le hacía en virtud de las responsabilidades que, según la Ley, tenía de supervisión de la Dirección General de Trabajo".

"PREGUNTAS QUE SEGURAMENTE NO ERAN DE SU AGRADO"

   La juez "le recordó en éste y en muchos otros momentos su derecho a no contestar a las preguntas que él considerase, reiterándole los derechos que le fueron recitados" por la magistrada al comienzo de la declaración, dice el secretario, quien, en relación al presunto mal trato recibido por el imputado al haberse dirigido la juez a él "en alta voz", asevera que "en modo alguno tuvo lugar tal hecho, siendo lo cierto que quien elevaba continuamente la voz era el propio Fernández al contestar".

   En esos momentos, su letrado "se dedicó constantemente a calmar con su brazo a su defendido, extremo que no se hizo constar en el acta por su falta de relevancia, pues éste obedecía las indicaciones de su letrado y la juez no le corrigió al considerarse como una reacción lógica ante preguntas que seguramente no eran de su agrado".

   Por último, el secretario señala que, dada la ubicación de la magistrada, el imputado y su letrado, justo debajo del estrado, las "grandes" dimensiones de las dependencias donde se tomó la declaración y el hecho de mantenerse la puerta siempre cerrada, "hace imposible que se escuchara desde fuera la voz de la magistrada, que dicho sea de paso tiene un tono de voz bajo, o de cualquiera de los presentes".

CASI 23.000 PÁGINAS DE ACTUACIONES

   "En definitiva, la juez y todos los funcionarios que tuvimos alguna intervención en la declaración mostraron un trato respetuoso, incluso cordial, con el imputado y, por supuesto, con todos los letrados allí presentes", concluye el secretario en una diligencia incorporada en uno de los cinco nuevos tomos de actuaciones de los que la juez ha dado traslado a las partes este mismo jueves.

   De este modo, la juez ha dado traslado a las partes de los tomos 53, 54, 55, 56 y 57, con lo que la causa de los ERE fraudulentos alcanza ya las 22.344 páginas.

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