La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha ordenado investigar las ayudas por valor de 3.537.680,15 euros otorgadas por la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía en virtud de un "compromiso asumido" por las viceconsejerías de Empleo y Economía el día 26 de enero de 2010.
En un auto notificado este miércoles a las partes, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, señala que "la existencia de dicho compromiso, la realidad del acuerdo adoptado y las consecuencias derivadas del mismo habrán de ser investigadas", por lo que requiere a la Junta para que remita el convenio de colaboración suscrito entre ambas consejerías "en virtud del compromiso" de 26 de enero de 2010.
En este sentido, la magistrada pone de manifiesto que, en virtud de este convenio de colaboración, Astilleros de Huelva recibió el 24 de marzo de 2010 una ayuda sociolaboral de 952.404,89 euros, mientras que Astilleros de Sevilla recibió, los días 24 y 29 de julio de 2010, 455.025,14 y 1.325.254,48 euros, respectivamente, a lo que se suma una tercera ayuda de 450.000 euros concedida a la empresa Abantia Ticsa S.A.U..
Según argumenta la juez instructora, en las resoluciones emitidas por la Dirección General de Trabajo a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para efectuar el pago de las ayudas consta que "la encomienda de pago es con cargo a los fondos de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia", todo ello en virtud del "compromiso asumido por las viceconsejerías" de Empleo y Economía el 26 de enero de 2010.
Todo ello "supuso una disposición de los fondos de" la Consejería de Economía "ascendentes a 3.537.680,15 euros", añade la magistrada, que, en relación a la ayuda dada a Abantia Ticsa, dice que fue concedida por la Dirección General de Trabajo "con cargo a los fondos de la Consejería de Economía".
"COMPROMISO ADQUIRIDO"
Este hecho "motivó" que, a requerimiento del director de Administración y Finanzas de IDEA, Juan Francisco Sánchez, el exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera --imputado en la causa-- "emitiera comunicación en la cual se exponía que dicho pago debía realizarse en ejecución del acuerdo de encomienda de 27 de abril de 2010", tratándose de "un compromiso adquirido por las viceconsejerías" de Empleo y Economía.
En el mismo auto, la juez Alaya investiga nuevas ayudas concedidas a 18 empresas "que no constaban en el primer desplegable" aportado por la Junta, entre ellas, además de Astilleros de Huelva y Sevilla, Delphi, Asociación Faja Pirítica de Huelva, Santana Motor, Préstamos Pickman, Boliden Apirsa, Nature Pack Minas de Río Tinto, Pack Sur Artes Gráficas o Nueva Lima, empresa radicada en Huelva que recibió tres ayudas sociolaborales por valor de 349.083,78 euros, aunque "en el primer desplegable" sólo consta una ayuda de 53.004,53 euros".
De éstas, dos fueron concedidas por el exdirector general de Trabajo Juan Márquez --que prestará declaración como imputado el 3 de julio--, indica la juez, que se refiere también a la ayuda recibida por Instalaciones Industriales y Navales de Huelva, que percibió tres ayudas sociolaborales por importe de 354.995,64 euros en tres meses, "constando en el primer desplegable una ayuda de 41.778,86 euros".
AYUDA DE 50.000 EUROS A UNA EMPRESA DE LA SIERRA NORTE DE SEVILLA
La juez también requiere a la Junta para que aporte los expedientes de las ayudas concedidas a Industrias Elizana, que recibió dos ayudas sociolaborales por 1.150.000 euros; Virgen de la Luz (Coviluz) --una ayuda "directa" de 440.000 euros--; Sociedad Cooperativa Andaluza Industrial de Confección (Scoinc), que recibió una ayuda de 405.916,23 euros, y Grueso y García S.L., empresa ubicada en la Sierra Norte de Sevilla que recibió una ayuda "directa" de 50.000 euros.
Asimismo, pide a la Junta que remita el expediente relativo a la concesión de una ayuda de 109.620 euros a la empresa Acyco, la cual "no consta en el expediente relativo a dicha empresa remitido por la Junta", mientras que requiere a IDEA "para que remita igualmente el expediente relativo al préstamo a la entidad TPM Inversiones Plásticas S.L., "dado que el expediente remitido en su día por Empleo se refiere a una ayuda por 1,5 millones con cargo a la partida 31.L., aunque en el último desplegable consta que a esta empresa le fue concedido un préstamo por dicha cuantía y con cargo a los fondos de Economía".
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