El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Barbate (Cádiz) ha dictado prisión provisional sin fianza para cuatro de los ocho detenidos la pasada semana en la provincia de Huelva --en Moguer y la capital-- después de que la Guardia Civil desarticulara una organización criminal en la que detuvieron en total a 16 personas de nacionalidad marroquí entre Cádiz y Huelva --ocho de ellos en la provincia gaditana en los últimos seis meses, de los cuales uno también se encuentra en prisión--, según ha confirmado a Europa Press desde la Guardia Civil.
Estas personas fueron detenidas por supuestamente favorecer la llegada a España desde Marruecos de unas 300 personas en apenas un año de forma irregular. De éstos se han interceptado 65 inmigrantes irregulares, entre hombres y mujeres, entre ellos 16 menores.
Por otro lado, según han informado a Europa Press desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), estas personas pasaron el viernes a disposición judicial y las otras cuatro han quedado en libertad. Dos de ellos con cargos y las otras dos no llegaron a declarar.
Entre otros delitos, se les imputa el de detención ilegal, tráfico de personas y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y se ha decretado el sumario.
La pasada semana el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Ezequiel Romero, acompañado por la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, informó de que el pasado martes se realizaron seis registros en viviendas, hallándose en el marco de esta operación, denominada 'Yaraví', 132 kilos de hachís, 16.435 euros en metálico, 17 teléfonos móviles, dos vehículos y un ordenador portátil.
Según informó el coronel, los inmigrantes tenían que pagar unos 1.200 euros por adelantado para llegar a España a la organización criminal, que les organizaba el viaje, y una vez embarcados les retiraban sus teléfonos móviles y enseres personales para posteriormente trasladarlos a distintas localidades de Huelva y del territorio nacional, donde supuestamente eran retenidos en pisos contra su voluntad hasta que les realizara un segundo pago que ellos desconocían inicialmente, perfeccionándose así el secuestro de los mismos.
A tal fin, extorsionaban a los familiares de las víctimas, quienes finalmente se veían obligados a efectuar este segundo pago no pactado previamente y que podía oscilar entre 350 y 700 euros adicionales para conseguir su liberación. La Guardia Civil calcula que esta actividad ilícita les ha podido reportar unos rápidos beneficios que alcazan los 350.000 euros.
Las investigaciones continúan abiertas en esta operación que se inició el pasado mes de octubre tras tener conocimiento de la llegada de varias pateras con inmigrantes irregulares a la costa de Barbate (Cádiz). De hecho, se ha podido acreditar, durante la fase de investigación, la llegada de al menos ocho desembarcos de inmigrantes a las costas andaluzas empleando para ello embarcaciones neumáticas, semirrígidas y pateras, y trasladando en cada una entre 35 y 45 personas, así como determinadas cantidades cantidades de hachís.
A su vez, el coronel destacó que "algunos traslados se realizaron en condiciones de la mar muy adversas y sin medidas de seguridad, por lo que la vida de estos inmigrantes estaba expuesta a un grave riesgo". No obstante, Romero puntualizó que en los registros de las viviendas no se encontró a ninguna víctima. Sobre las mismas, el coronel matizó que "algunas quieren poner denuncia y otras no".
Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Asunción Grávalos, alabó el trabajo de la Guardia Civil, que en su tarea en las zonas agrícolas no vela solo por la prevención y resolución de robos sino también en ámbitos como este.
La operación ha sido llevada a cabo por miembros de la Guardia Civil de Huelva y Cádiz, contando con el apoyo de miembros desplazados desde Madrid y Sevilla, y una oficina móvil de la Europol, una unidad canina y un helicóptero.
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