Cuando se teclea sobre la ventanita de google la palabra "corrupción" su algoritmo matemático de búsqueda señala "en España" como primera opción y "PP" como segunda. España y PP. El PSOE también guarda lo suyo, aunque determinar con exactitud la lista completa de procesos judiciales abiertos en este país no resulta fácil; de hecho, en 2015 existían unas 1.700 causas abiertas y más de 500 investigados, de los cuales entonces solo una veintena de personas habían entrado en prisión y en ningún caso se trataba de representantes de la cúpula organizativa política. Por comunidades, Andalucía se sitúa a la cabeza con 541 casos, seguida de Valencia, con algo más de 200. Es intuido por muchos que la justicia actúa de manera dispar cuando trata a unos u otros y, de hecho, ahora resultará complicado justificar la indulgencia que ha tenido hacia el clan Pujol y el hecho de que el hijo mayor, Pujol Jr, haya evadido sobre 14 millones de euros en plena investigación judicial contra él y su familia. En todo caso, la tibieza con que el PP ha manejado la corrupción interna mancha de negro el ala de su gaviota, o charrán, y señala directamente a Rajoy, cuya lentitud organizativa ha dado resultado en según qué casos pero que en este rechina y molesta por cuanto no es contundente, parece permisivo, acepta el sistema pese a que entone "quien la hace que lo pague", también antes estuvo el "Luis sé fuerte", y Púnica, Bárcenas, Gürtel o Lezo son estigmas de una marca hoy vinculada a la corrupción política. Lo que rebosa hoy llevaba tiempo acumulando residuos con la connivencia de todos aquellos que debían intuir, no era difícil la ecuación matemática, que el fétido olor a cloaca que emanaba bajo sus pies era excremento propio.
AP-4. El 5 de noviembre de 1971 el entonces ministro de Obras Públicas de Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, acompañado por el alcalde de Cádiz Jerónimo Almagro inauguraban, de manera nada excelsa, el último tramo de la autopista de peaje entre Sevilla y Cádiz, que dos años antes se había adjudicado a Bética de Autopista para que la construyese Dragados y Construcciones. En principio se establecieron tres peajes, cada uno de ellos a 50 pesetas y situados en Las Cabezas, Jerez y el puente de Carranza, quedando eliminado de pago este tramo final en mayo de 2005 por el gobierno de Chaves previo pago del rescate de 72,3 millones de euros a Aumar, del grupo Abertis, que en 1986 se había fusionado con la inicial Bética de Autopistas.
Según los datos del Ministerio de Fomento, la AP-4 registra una intensidad media diaria de 17.504 vehículos, con picos en verano por encima de los 25.000 coches y descensos en pleno invierno por debajo de las 10.000 unidades. La subida de barrera actualmente está en 7,20 euros y, calculadora en mano, esto ofrece una caja diaria media de 126.028,8 euros, multiplicado por 30 días de media al mes, por doce meses de cada uno de los 46 años con que esta barrera separa Cádiz de Sevilla con monedas -el pago en metálico no devuelve ticket de paso si el usuario no lo solicita...- . Es la única conexión entre dos provincias andaluzas con peaje sin autovía alternativa pese a los numerosos planes presupuestados para una obra que nunca llegó, parte de esos desajustes en presupuestos que quedan tan bien como declaración de intenciones a principios de año y en nada a la primera modificación -lo saben desde el principio-.
Durante estos años se realizaron tres ampliaciones de la concesión. La primera en 1977 por Adolfo Suárez (UCD), que la elevó hasta 1999. La segunda prórroga fue obra de Felipe González (PSOE) en 1986, que trasladó la cosa hasta 2006 y el mismo PSOE la quiso prorrogar de nuevo en 1995, pero se echó atrás ante la presión popular que ese momento ofrecían las localidades afectadas y que son no solo la de inicio y final sino todas aquellas pegadas al trayecto-uno de los más reivindicativos siempre fue el alcalde de Los Palacios, Juan Manuel Valle-. Con Aznar en el gobierno, dos años después se dio la última prórroga por otros 13 años hasta llevarla al 31 de diciembre de 2019 y se hizo pese al rechazo de todos en ese momento, pese a la nula justificación que existía para una nueva ampliación, pese al indudable agravio que se cometía contra una provincia deprimida económica, laboralmente y aislada del resto, sin la eterna Algeciras-Bobadilla para conectar por tren al segundo puerto más importante de Europa y atándole, por tanto, a un peaje otros años más, pese a estar la obra de sobra amortizada tras más de cuarenta años de concesión. Pese a todo, 13 años más.
En ese momento era portavoz del gobierno de Aznar Eduardo Zaplana, ex ministro y ex presidente de la Generalitat Valenciana, a quien el juez atribuye ahora una posible colaboración para lavar dinero que Ignacio González se habría apropiado indebidamente y destapado por la operación Lezo y al que en su momento señalaron por beneficiar en esta prórroga a una empresa que fiscaliza en Valencia y que, poco después según públicas denuncias, incorporó a su consejo a varias personas del equipo asesor de Zaplana que pertenecían al gobierno de Aznar cuando se tramitó la última prórroga. Que es en la que estamos ahora a 7,20 el paso a los más de 17 mil individuos diarios, sobre todo gaditanos, también sevillanos pero muchos menos. Igual hay justificación sobrada para este extraño proceder solo que a día de hoy nadie ha sabido darla con la exactitud que el agraviante hecho sin duda merece.
El todo vale. Resulta imposible calcular el coste de la corrupción al bolsillo del usuario, tanto de aquella destapada por procesos judiciales abiertos como de mucha otra que no lo ha sido y nunca lo será, pequeña o grande, que vive entre nosotros fusionada con la estética paisajística. Pequeñas corruptelas también de una sociedad propensa, en general, a escabullirse por la puerta del fraude cuando esta permite el paso y, en general, lo permite con frecuencia. Quizás como caldo de cultivo para ese otro mayor reflejo de una España que, en muchos casos pero desde luego para nada es mayoría, al contrario, ha vivido décadas inmersa en una corrupción política intensa porque ciertos gobernantes pensaron que todo lo que abarcaba su vista era suyo; Pujol y su clan y el tres por ciento, el PP en Valencia o Madrid, el PSOE en una Andalucía cortijera.
La justicia lenta es, por principio, injusta. Es lícito pensar que el sistema y la propia justicia sabe que el interés del ciudadano por las cosas es efímero, su atención tarda poco en diluirse y, por tanto, prolongar procesos judiciales puede resultar acertado cuando se teme el dictamen final; de hecho resulta muy incómodo para el juez una excesiva atención ciudadana o mediática sobre el sentido de su sentencia. Pero no son normales instrucciones eternas como tantas que a diario vemos en los espacios televisivos y cuánto ganaríamos con un ritmo judicial acorde a estos tiempos, de hecho aún no tiene fecha el primer juicio por los ERE que sentará en el banquillo a los ex presidentes Chaves y Griñán, a seis ex consejeros como Viera, Vallejo, Zarrías, Fernández, Aguayo y Álvarez y a otros catorce cargos más. ¿Cuántos años de instrucción?
Por otra parte, resulta bochornoso cómo la política se sacude la responsabilidad con el eterno "yo no lo sabía" y esto es cuestión de "individuos y no de partidos" o de "cuatro golfos". Cierto, pero aunque no exista una responsabilidad penal hay una indudable que es política y ante ella sería necesario responder siempre, de lo contrario el mensaje que se traslada al ciudadano es el todo vale. Y la sociedad lo percibe y lo amolda a su día a día, en pequeñas dosis, dosis a nivel de calle, a lo que da la largura de la ciudadana mano mientras colectivamente y en silencio se sueña, es de suponer, en metas mayores como cuentas en Suiza llenas de ceros. O en Andorra. Velocidad judicial, asunción de responsabilidad política y ajusticiamiento electoral ante la corrupción serían signos de una sociedad distinta a la nuestra. Soñar es gratis.
Bomarzo
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