El PSOE de Granada ha pedido este martes explicaciones al presidente del PP de Granada, Sebastián Pérez, y le ha pedido que se pronuncie sobre si dejará o no en todos sus cargos al actual alcalde de Gójar y diputado provincial de Personal, Francisco Javier Maldonado, después de que la Fiscalía de Granada haya pedido para él 25 meses de cárcel, 22 años de inhabilitación y 400.000 euros de multa por posible prevaricación continuada, prevaricación urbanística y tráfico de influencias.
El Ministerio Público le acusa de haber dado un posible trato de favor a la empresa Promociones Cavifer S.L., en la que uno de sus socios es el hermano del regidor --también imputado--, que, según un informe pericial, obtuvo un total de 321.350 euros de beneficios tras firmar un convenio con el Ayuntamiento en 2005 para la construcción en el municipio de 19 viviendas, locales y aparcamientos, y la apertura de un vial en la calle San Luis.
En rueda de prensa, el diputado provincial del PSOE Miguel Ángel Gamarra ha exigido a Pérez que "sea responsable y rompa su silencio". "El Partido Popular lleva 24 horas sin dar ninguna explicación y ni una sola respuesta ante unos hechos tan graves", ha apuntado Gamarra, quien se ha preguntado "cuánto tiempo ha de transcurrir para que el PP y su presidente expresen su solidaridad y respaldo a Maldonado o todo lo contrario".
Gamarra ha incidido en que los "profusos informes periciales y la contundencia de las pruebas aportadas" durante la fase de instrucción del caso han desembocado en un escrito de calificación de hechos de "extraordinaria gravedad" por parte del Ministerio Fiscal.
El representante socialista ha advertido de la "contundencia" de las conclusiones a las que llega la Fiscalía, que "alerta" de excesos de edificabilidad en las construcciones implicadas en el procedimiento; señala que estos excesos de edificabilidad fueron objeto de beneficio por parte de la empresa dirigida por el hermano del alcalde; que Maldonado los permitió, influido por su hermano; y que en la junta de gobierno local, el alcalde infringió hasta en cuatro ocasiones la obligación de abstenerse en las votaciones relacionadas con esta empresa.
Unos "hechos muy graves" que para el PSOE "nada tienen que ver" con razones administrativas o incidentes fortuitos en el seno de la administración pública, "sino que son hechos distinguibles claramente dentro del apartado de la corrupción". "Todas las prevaricaciones no son iguales, pero sí todos los tráficos de influencias", ha añadido Gamarra.
"TINTES CORRUPTOS"
Para el diputado socialista, el escrito de acusación de la Fiscalía y el procedimiento de instrucción "no dejan lugar a dudas de los tintes corruptos de las actuaciones". Tanto es así, que los informes periciales miden específicamente los excesos de edificabilidad y se cuantifica además el beneficio ilegítimo obtenido por las empresas y los privados. "No estamos ante un nuevo caso de 'y tu más', sino ante la definición clara y meridiana de un presunto caso de corrupción", ha apuntado Gamarra.
Gamarra ha tachado de "esquizofrénica" la actuación del presidente del PP, ya que su "amparo" al actual alcalde de Gójar "contrasta con la determinación adoptada ante el diputado de Turismo", Francisco Tarifa, que dimitió hace sólo unas semanas, por el asunto de la candidatura de la Alpujarra a Patrimonio Mundial de la Unesco. "¿Qué diferencia hay entre ambos? ¿Acaso Tarifa no cuenta todo lo que ha sucedido para que haya dimitido y, en cambio, Maldonado sabe lo suficiente del Partido Popular como para no tener que dimitir?", ha planteado.
A su juicio, Sebastián Pérez "no puede seguir mirando para otro lado y ha de ofrecer explicaciones razonadas y razonables" si finalmente decide que Maldonado continúe en sus cargos públicos.
DENUNCIA DE LA FISCALÍA
La investigación, que se inició en 2007, fue abierta tras una denuncia de la Fiscalía por un posible delito contra la administración pública tipificado como tráfico de influencias, después de que Maldonado participara en la firma del convenio urbanístico firmado entre el Ayuntamiento de Gójar y la empresa Promociones Cavifer S.L, con su hermano como socio.
Los hechos se remontan al mes de agosto de 2005, cuando el alcalde, Francisco Javier Maldonado, aprobó la firma de un convenio urbanístico, "sin la publicidad legalmente exigida", y "en perjuicio de las arcas municipales", ocultando la relación entre el alcalde y su hermano Fernando, uno de los administradores mancomunados de la mercantil firmante Construcciones Cavifer S.L.
Para aprobar el convenio, el alcalde organizó la emisión de un informe jurídico favorable, creando "una ficción urbanística" en la que Cavifer obtenía la gratuidad total de todas las tasas municipales de la operación urbanística, según la denuncia de la Fiscalía.
Al amparo de dicho convenio, supuestamente ilegal, el alcalde concedió a Cavifer la licencia de obras para construir 19 viviendas y locales comerciales, a pesar de que el técnico municipal había informado de la imposibilidad de conceder tales licencias y de que la por entonces secretaria del Ayuntamiento había advertido de irregularidades. A raíz de ello, el alcalde nombró a un nuevo secretario habilitado que informó favorablemente el convenio urbanístico, anulado años después por el Consejo Consultivo, y le concedió la licencia de obra, según fuentes del caso.
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