La Junta ha abierto 23 expedientes que pueden concluir con sanciones a entidades financieras que poseen viviendas protegidas en la provincia de Granada y que no las han puesto a disposición de los registros municipales de demandantes.
De acuerdo a lo establecido en la Ley de Vivienda Protegida y en los preceptos de la Ley de Función Social de la Vivienda que no han sido suspendidos por el Tribunal Constitucional, los bancos tienen la obligación de comunicar a la Junta en el plazo de un mes las viviendas protegidas que poseen a raíz de ejecuciones hipotecarias.
Asimismo, tienen tres meses para ponerlas a disposición de los registros de demandantes de viviendas, ya que lo contrario está tipificado como una falta muy grave que puede derivar en una sanción económica de 9.000 euros por vivienda, según ha detallado a Europa Press el jefe de Servicio de Vivienda de la Junta en Granada, Nahum Álvarez.
Tras establecer la normativa andaluza un procedimiento sancionador para actuar en estos casos, las delegaciones provinciales de Vivienda han comenzando a realizar indagaciones en los registros de demandantes y han solicitado a las entidades financieras que remitan sus inventarios con las viviendas protegidas que poseen.
Aunque el hecho de no informar de este extremo también es considerado una falta muy grave que puede conllevar otros 9.000 euros de multa por vivienda, no todas las entidades financieras colaboran en esta labor, por lo que se trata de un trabajo "complejo" de investigación. Álvarez destaca el hecho de que más de medio centenar de viviendas protegidas hayan sido localizadas por los técnicos en las web de las entidades financieras, que las exponían para su venta en Internet pese a no haber comunicado a la Junta que las tenían.
En la actualidad el servicio de Vivienda de la Junta en Granada ha abierto 23 expedientes que han sido remitidos a la Consejería del ramo y que se encuentran en procedimiento sancionador.
A ello se suman otras 159 viviendas protegidas que están en manos de los bancos tras adquirirlas por ejecución hipotecaria y que están siendo objeto de investigación, a fin de confirmar si han sido puestas a disposición de los registros de demandantes para que puedan acceder a ellas las personas que cumplan los requisitos establecidos por ley.
Desde que la Junta comenzó esta labor se han investigado en la provincia de Granada un total de 256 viviendas protegidas, de las que 171 fueron comunicadas por las propias entidades. Algunos de los expedientes han sido archivados, al estar los domicilios en los registros de demandantes o por otras circunstancias, como haberse convertido en viviendas libres en este tiempo.
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