Las administraciones representadas en la Mesa contra los cortes de luz del distrito Norte de Granada han apostado por una actuación coordinada contra los apagones, aunque difieren entre la petición de cambios en el Código Penal para combatir la producción de droga y las actuaciones sociales.
La Subdelegación del Gobierno en Granada ha celebrado este jueves un nuevo encuentro de la Mesa, una herramienta constituida para solventar los más de quince años de apagones reiterados que sufre el distrito Norte de la capital y en el que participan también el Ayuntamiento, la Diputación, la Junta, entre otros.
El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha explicado que el encuentro busca soluciones a una situación inaceptable y enquistada que solo se solucionará actuando desde la unidad y ha abogado por entender que se trata de un problema plurifactorial.
Montilla ha apostado por trabajar desde la unidad y cada administración en sus competencias y sin echar la culpa a otros, y ha descartado que la solución esté en modificar el Código Penal para elevar las condenas por cultivo de droga, una petición reiterado por la Junta.
Según el subdelegado, esa demandada modificación persigue al que cuida el cultivo de droga y no soluciona un problema generado por "bandas criminales" que se dedican además al blanqueo de capitales.
"Es un problema social que necesita medidas sociales", ha resumido Montilla, que ha detallado que los cuerpos y fuerzas de seguridad han doblado sus servicios de apoyo a Endesa para eliminar enganches a la luz, con 1.452 de estas actuaciones en lo que va de año.
Ha respondido así al delegado del Gobierno andaluz en Granada, Antonio Granados, quien ha reconocido ciertos avances ante un problema complejo pero ha vuelto a solicitar penas más duras por el cultivo de droga.
Granados también ha apuntado que la Junta ha hecho inspecciones en ocho bloques de viviendas del distrito y ha informado a Endesa de las deficiencias, por manipulación, en los contadores.
También ha insistido en la necesidad de crear cuerpos específicos para auxiliar a Endesa en la instalación de nuevos transformadores y ha desvelado amenazas a estos trabajadores.
Por su parte, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, también ha apelado al trabajo conjunto y a la suma de recursos para garantizar que los vecinos que pagan su factura de la luz tengan electricidad.
"Estamos ante un problema de Estado que requiere una modificación de la normativa y tipificar y endurecer las leyes para evitar este tipo de situaciones", ha añadido en consonancia con la postura de la Junta.
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