El lastimero blues de un enloquecido, de un desahuciado, de un hombre condenado, desde la terraza de su jaula, sacó al vecindario de la atonía en que lo sumía aquella pegajosa noche de un verano tan sahariano y mortecino como no recordaban los más viejos del lugar. Lloraba remordimientos, nostalgias varias, al gusto de un consumidor, cada vez más profundo y ensimismado, que era él mismo, desnudo, sin imposturas. Hablaba de lo que pudo ser y no fue, a sabiendas de que ya no podría ser jamás, infundiéndole a la escena un especial patetismo. Como el público no estaba invitado, al cesar la música, al dejar de aporrear la guitarra y de soltar lamentos al viento el trovador anónimo, nadie se sintió impelido a manifestar gesto alguno de aprobación o reconocimiento, por lo que aquel microcosmos recuperó de inmediato su cansina cotidianeidad. Las quejas del blusero, pensé, se perdieron con la misma facilidad con que la opinión pública jaenera olvidará la última denuncia del concejal no adscrito Víctor Santiago sobre las prebendas con que el Gobierno del popular Javier Márquez satisface las demandas de personal de confianza de su ex jefa de filas, Salud Anguita.
Estoy convencido de que dentro de dos años nadie querrá acordarse en Jaén del mandato municipal 2015-2019, de un Ayuntamiento sumido en la más absoluta ruina donde se sucedieron las componendas entre costuras que el PP fabricaba a la medida de los tres ex concejales de Ciudadanos, garantizándose una mayoría absoluta que cotizaba diariamente en bolsa al exclusivo beneficio de ellos tres. El PP, astutamente, bajo la supervisión de Fernández de Moya y la ejecución entre bastidores del lugarteniente Contreras, tejió una red de prerrogativas que sumaron establemente a la causa a dos de los tres ex concejales de C’s: Iván Martínez, protegido del –de nuevo- influyente Miguel Segovia, y Salud Anguita, cabeza de cartel electoral en 2015 y reciente fichaje de Vox. Despachitos propios, como si hubieran concurrido por tres listas diferentes, cambio de sitio en el salón de plenos, asesores personales y privilegios acostumbrados a concejales-bisagra que, si es menester, en época de vacas flaquísimas, se sacan de donde –en teoría- no hay. Iván es hoy, de facto, al frente de ese caramelito de Somuvisa que tan bien conoce su mentor, el concejal decimotercero del PP. La decimocuarta es un poco más caprichosa y lo mismo te pide que intervenga en el pleno, defendiendo una moción anticatalanista, el secretario general de Vox, que te exige una asesora de comunicación e imagen que Cuqui, qué remedio, a la fuerza ahorcan, tiene que adscribirla a Alcaldía. El único que queda un poco descolocado, innecesario/inútil en casi todos los trances de la gobernabilidad, es el tercero en discordia, Víctor Santiago, inmerso –en lo personal y profesional- en proyectos mediáticos digitales geográficamente más afectos a consistorios gestionados por el PSOE. No digo más.
Una alternativa diferente, una moción de censura, una propuesta regeneradora de la institución –al estilo de Granada-, si tiene que pasar indefectiblemente por acuerdos particulares con los tres concejales no adscritos, es mejor no planteárselo en serio, es decir, con fundadas esperanzas, sino circunscribirlo en el ámbito de las acciones de profilaxis democrática que deben emprenderse desde la oposición aunque estén condenadas al fracaso. Enfrentados a la realidad del fracaso tanto como a las sugerencias oficiales de rendición, la gente del líder crítico del PP, Miguel Moreno, solo mandó a dos representantes a la reunión que la Junta Directiva Provincial celebraba el pasado miércoles en Linares: el alcalaíno Marino Aguilera y el carolinense Paco Gallarín. La repetida cantinela de apertura de expedientes disciplinarios, invitó al crítico Aguilera a preguntar la razón por la que no se incoaban. De sobra es conocido que la orden de la sede regional de San Fernando es pasar página, recuperar la calma y centrarse en el objetivo de la Junta en marzo de 2019. En esas, al contragolpe, Paco Armijo reprochó a Aguilera los 38 años que llevan los populares aspirando infructuosamente a la alcaldía de Alcalá La Real. Las risas de complicidad de los oficialistas encendieron a Aguilera hasta el punto de echar en cara a Armijo su acomodo actual entre los asesores remunerados del grupo provincial del PP en Diputación. Saltaron chispas y hubo que interceder para que la bronca no fuese a mayores. Marino, que solía registrar desde hace tiempo las intervenciones en la Junta Directiva, tuvo que dejar de grabar en esta ocasión ante el malestar expresado por Miguel Segovia. Al concluir, y siempre según la versión de Marino Aguilera, otro compañero de partido, cargo liberado, le amenazó con represalias gubernativas, al tiempo que le aseguraba categórico que podía irse olvidando de “las puertas y los teléfonos de la Subdelegación”. Aguilera y Armijo terminaron haciendo las paces, pero al grado de enfrentamiento entre los bandos no se le ve fondo.
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