El PSOE de Estepona exige al equipo de Gobierno explicaciones “pública, inmediatas y contundentes” al equipo de gobierno del PP por haber adjudicado a una empresa insolvente la concesión administrativa de una parcela municipal de más de 5.000 metros cuadrados.
Según ha publicado en el día de hoy el diario Sur el centro educativo Mayfair Academy International se enfrenta a una orden de desahucio después de que los propietarios del inmueble denunciaran un supuesto impago de 42.500 euros. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Estepona señalaba el lanzamiento para el día 14 de febrero y requería a los arrendatarios la retirada de sus enseres antes de esta fecha.
El Ayuntamiento de Estepona ha adjudicado a la empresa Mayfair International Academy S.L. la concesión administrativa sobre una parcela en la zona este del municipio, destinada a la construcción y posterior explotación de un nuevo equipamiento docente. El suelo, que cuenta con una superficie de 5.000 metros cuadrados, se ubica en el sector conocido como Cortijo Casareño y está calificado como equipamiento educativo en el Plan General de Ordenación Urbana vigente.
“De esta manera el equipo de gobierno del PP sigue poniendo en manos de empresas privadas, en algunos casos de escasísima solvencia, terrenos municipales que pertenecen a todos los esteponeros para que hagan negocio a costa de impedir que en un futuro el municipio cuente con parcelas idóneas para la construcción de equipamientos públicos”, lamentan desde el PSOE.
En esta ocasión, “y a tenor de la información publicada exigimos al PP que revise este expediente porque el Ayuntamiento va a poner en manos de esta mercantil más de 5.000 metros cuadrados para la construcción de un colegio privado cuando es incapaz, siquiera, de hacer frente a una deuda de poco más de 40 mil euros”.
Además, llama poderosamente la atención que la defensa jurídica de esta mercantil alegue que parte de esa deuda se debe al impago de distintas tasas municipales. Desde el PSOE nos preguntamos “cómo es posible que una empresa que no cumple con sus obligaciones tributarias reciba del mismo Ayuntamiento, al que no paga, una concesión de estas características. Este mismo hecho debería haber sido un motivo más que suficiente como para que ni tan siquiera pudiese optar al concurso”.
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