El Pleno de Estepona se ha constituido en Junta General Universal para acordar en sesión extraordinaria la elevación a público de los acuerdos adoptados sobre la liquidación de las diez últimas sociedades municipales creadas entre 1995-1999. Se trata de Compras Estepona XXI, S.L.U; Planeamiento Estepona XXI, S.L.U; Tributos Estepona XXI, S.L.U; Imagen Estepona XXI, S.L.U; Empleo Estepona XXI, S.L.U; Eventos Estepona XXI, S.L.U; Servicios Estepona XXI, S.L.U; Jardines Estepona XXI, S.L.U; Serviplus Estepona XXI, S.L.U y Obras Estepona XXI, S.L.U; todas ellas, sin actividad.
El concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, ha recordado que una de las primeras medidas que llevó a cabo el actual equipo de gobierno al llegar a la Alcaldía fue la eliminación -este proceso ya está concluido- de las sociedades municipales que estaban activas -de capital íntegramente municipal-, y que fueron creadas desde el año 2000. Se trata de Desarrollos Municipales de Estepona, S.L.U; Servicios Municipales de Estepona, S.L.U; Turismo y Actividades Recreativas de Estepona, S.L.U; Promoción y Comunicación Estepona, S.L.U y Planificación y desarrollo Urbanístico de Estepona, S.L.U.). También se llevó a cabo el procedimiento para la liquidación de Estepona XXI Control Contable, S.L.U y Estepona XXI Control Servicios, S.L.U.
El concejal ha señalado que estas mercantiles se convirtieron en un instrumento para eludir la transparencia y el derecho administrativo que rige el funcionamiento de la Administración, para ser herramientas de contratación de personal y de generación de facturas de cualquier tipo de gasto, “sin control, ni la preceptiva fiscalización por parte de los funcionarios”.
De esta forma, ha señalado que “se pone punto final a una forma de gestionar el dinero público que nunca se debió permitir”. Aguilar ha subrayado que las entidades municipales creadas en 2000 y que estaban activas al inicio del mandato se encontraban en causa legal de disolución al acumular una deuda de más de 78 millones de euros (una cuarta parte de la totalidad del débito municipal, que ascendía a 300 millones de euros).
El responsable municipal ha manifestado que con la desaparición de estas empresas se han erradicado estas prácticas “que han causado gastos innecesarios; al tiempo que se ha acabado con una herramienta partidista de la administración local, que ha producido un enorme daño a los intereses de la ciudad”.
Para la disolución de estas sociedades, el Ayuntamiento ya aprobó las cuentas de las mismas, correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011 y 2012, para su inscripción en el Registro Mercantil y posibilitar que se diriman las responsabilidades civiles o penales de los anteriores responsables municipales que formaban parte de sus órganos de dirección.
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