La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados ha rechazado este lunes una proposición no de ley en la que el Grupo Socialista reclamaba la derogación de la reforma laboral por los efectos que ésta está teniendo en el empleo en el sector público y el apoyo a los empleados públicos afectados, especialmente a los expedientados por el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).
El diputado socialista Andrés Torres Mora ha sido el encargado de defender la iniciativa criticando que la reforma del mercado de trabajo que el Ejecutivo 'popular' aprobó en 2012 reconoce por primera vez el despido colectivo y el despido objetivo en las administraciones públicas, con criterios tan "ambiguos" como que las causas económicas se darán cuando haya una "situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente" durante tres trimestres consecutivos.
A la vista de ello, el PSOE considera que genera "inseguridad jurídica" y "permite amparar multitud de despidos sin tener en cuenta las necesidades de los servicios públicos". Es más, esta admisión del despido colectivo es aún más llamativa cuando la misma reforma laboral prohíbe la suspensión o reducción de jornadas, medidas menos drásticas que el despido y que permiten un ajuste de plantilla", critica el PSOE.
Sobre el caso concreto del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), el PSOE defiende que el ERE está "fundado en causas económicas de difícil determinación" y que los trabajadores municipales afectados ven como los servicios que prestaban han sido privatizados.
"Ha sido una oportunidad de negocio para algunos empresarios pero no para los trabajadores municipales", ha expuesto Torres Mora, que ha relatado que en Estepona se ha privatizado la brigada de infraestructuras, el servicio de limpieza de edificios públicos, el mantenimiento de parques y jardines, las escuelas deportivas municipales, el saneamiento, las playas y las campañas de socorrismo o los cementerios, entre otros.
Así las cosas, el portavoz socialista ha mantenido que, a la vista de los resultados, no sería "descabellado" incluso pensar que la reforma se hubiera hecho para eliminar empleos públicos y "dejarlos en manos privadas".
PP NIEGA INSEGURIDAD JURÍDICA
Por su parte, la diputada del Grupo Popular María del Cármen Álvarez Arena ha criticado el "discurso reiterado y conocido" del PSOE y ha rechazado algunas de sus aseveraciones como que la reforma pueda ocasionar una "inseguridad jurídica" ya que contiene "requisitos tasados y establecidos para alcanzar más seguridad jurídica en los despidos colectivos".
En su intervención, la 'popular' ha recalcado que sobre el ERE de Estepona hay una sentencia del TSJA a su favor y un posterior recurso de los afectados ante el Tribunal Supremo que "no lo anula sino que pide que se repita el juicio porque faltaba una prueba".
Así, tras criticar que los socialistas hablen de procesos que aún están judicializados, ha lamentado que no se pronuncien sobre los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE) pese a que sobre éstos "sí hay una sentencia firme que obliga a Susana Díaz a readmitirles y ella se declara en rebeldía y no cumple".
"Parece que unos trabajadores son de una clase y otros de otra; no les he oído decir nada de Díaz", ha reprochado la diputada del PP, que también ha subrayado que los socialistas "usaron la reforma laboral para los despidos de sus trabajadores de Ferraz".
Por su parte, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo ha defendido la abstención de su partido en la votación por las diferencias "de fondo" con la propuesta del PSOE ya que la formación magenta no está de acuerdo con la reforma laboral 'popular' pero tampoco dispuesta a que se derogue para "volver a la situación previa, que no era idílica".
Además, Anchuelo ha apuntado a la actitud de PP y de PSOE como responsables de que el Ayuntamiento de Estepona haya llegado a esa situación por "el nombramiento de cargos políticos y de confianza, los altos sueldos que ha habido o la creación de empresas públicas innecesarias".
Por otro lado, el diputado de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha manifestado el apoyo de su grupo a la iniciativa socialista y su solidaridad con los trabajadores afectados. A su juicio, ahora se demuestra "cuál era la agenda oculta y los verdaderos motivos que están detrás de la verdadera filosofía de la reforma" y ha censurado que la privatización sea propuesta como "oportunidad cuando es negocio".
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