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España | Tribunales

Matas reconoce que contratar a Calatrava fue decisión suya

Matas reconoce que contratar a Calatrava fue decisión suya
Matas · EP

Andalucía Información
26/09/2017 11:30

El ex presidente del Govern balear, Jaume Matas, ha reconocido este martes que contratar al arquitecto Santiago Calatrava para construir un palacio de la ópera en Palma fue decisión suya y que no se barajó la posibilidad de otro arquitecto, pero ha asegurado que no intervino en la tramitación administrativa.

Así lo ha expresado durante su declaración en el juicio por la pieza separada número 3 de la macrocausa del Palma Arena, conocida como 'caso Ópera'. "Soy el responsable de la decisión, de la tramitación administrativa no sé absolutamente nada", ha declarado.

Matas ha rechazado que quisiera beneficiar económicamente al arquitecto, con el que se reunió en marzo de 2006 en Roma y en febrero de 2007 en Palma. Ha admitido que le propuso "directamente" el proyecto, en lugar de proponerle participar en un concurso.

Con todo, el acusado ha negado que él o su gabinete negociaran previamente un precio antes de que se aprobara en el Consell de Govern, ya que era "imposible" fijar el precio máximo sin el conseller de Hacienda porque se tenía que estudiar la disponibilidad presupuestaria, dado que era un proyecto "extraordinario".

El ex presidente también ha recalcado que para realizar este "anteproyecto" --así se ha referido en casi todo momento al edificio de la ópera-- necesitaban ponerse de acuerdo con otras dos administraciones, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento de Palma. Para el político, "sin su voluntad" era "imposible" llevar adelante la obra.

Según Matas, el proyecto estaba contemplado en su programa de gobierno pero de un modo "genérico". Su objetivo, ha concretado, era realizar dos grandes proyectos de edificios "emblemáticos" para actividades deportivas y culturales para promover la desestacionalización turística. En esta línea, ha defendido que éste era un anteproyecto de "muchísimo interés público" para "reordenar" la bahía de Palma.

También ha reconocido que dijo a sus consellers que tenían "prisa" para tramitar la obra porque era un "compromiso electoral" y "un proyecto importante".

CALATRAVA, EL "ÚNICO" CAPAZ DE HACER LA ÓPERA DE PALMA

El ex presidente se ha mostrado convencido de que Calatrava era "el único" capaz de realizar un proyecto de estas características y ha destacado la "publicidad" que ello generaría para la ciudad de Palma.

El político ha recalcado el "prestigio" de Calatrava y su perfil no sólo de arquitecto sino también de ingeniero, motivos por los que lo escogió para esta obra.

Jaume Matas ha admitido que el conseller de Educación y Cultura, Francisco Fiol, manifestó algunas objeciones al proyecto porque era "el responsable administrativo" y se tenía que hacer "bien hecho", si bien no le hizo ninguna advertencia de ilegalidad.

Asimismo, a preguntas de su abogado, ha dicho que el proyecto es "propiedad de la Comunidad Autónoma" por lo que a día de hoy todavía se podría desarrollar. "Lo que sorprende es que no se hayan exigido las cosas que están pagadas", ha apostillado el acusado.

Matas ha hecho estas declaraciones a preguntas de su abogado, José Zaforteza, la fiscal, Laura Pellón, y el juez, Diego Gómez-Reino. Sin embargo, ha manifestado que se negaría a contestar al interrogatorio de la abogada de la Comunidad, Mª Ángeles Berrocal. De todos modos, la acusación particular no le ha planteado preguntas.

CASO ÓPERA

Esta pieza del caso Palma Arena versa sobre el encargo presuntamente irregular de un proyecto de palacio de ópera al arquitecto Santiago Calatrava por 1,2 millones de euros en 2007.

Se trata del segundo juicio contra Matas este mes, tras la celebración de la vista por la contratación de los arquitectos del Palma Arena --piezas 8 y 9 de la macrocausa--, en la que también se juzgaba al ex director general de Deportes, José Luis 'Pepote' Ballester.

En esta ocasión, Matas es el único acusado, y la Fiscalía pide para él un año y tres meses además de una multa de 120.000 euros por tráfico de influencias, así como diez años de inhabilitación especial para cargos públicos por el delito de prevaricación.

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