La reunión extraordinaria de la Mesa General de Negociación del Empleado Público para analizar el plan de ajuste de la Junta, a la que han asistido los sindicatos CSIF, CCOO y UGT y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, ha culminado sin acuerdo, por lo que sindicatos y Junta dan por concluida las negociaciones, ante lo que la consejera, Carmen Martínez Aguayo ha anunciado que el decreto ley se aprobará este mes por el Consejo de Gobierno y se tramitará como proyecto de ley.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha planteado a los sindicatos presentes en la Mesa General de Función Pública una propuesta de flexibilización de las medidas del plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta, que contempla una reducción del recorte salarial al personal interino del 15 al 10 por ciento.
Asimismo, les ha planteado una rebaja del 7,5 por ciento de las retribuciones de presidente, vicepresidente, consejeros, viceconsejeros y secretarios generales de la Junta, en lugar del cinco por ciento, algo inicialmente rechazado por los sindicatos, que lo consideraban insuficiente.
Dicha propuesta de flexibilización contempla "un compromiso con el mantenimiento del máximo empleo público posible, apunta que "ningún empleados públicos perciba una retribución mensual inferior a los 1.000 euros por jornada completa", la citada reducción del 10 por ciento de la jornada y las retribuciones del personal temporal o interino, en lugar del 15 por ciento inicialmente propuesto; o el mantenimiento del concepto de paga adicional o equivalente en un importe del uno por ciento, que se descontará prorrateado en el complemento específico de las nóminas mensuales de enero a diciembre, y que "al no desaparecer al cien por cien y quedar un resto de este complemento, permitirá su recuperación posterior de manera mas fácil".
La consejera ha destacado la introducción del concepto y una cláusula de reversibilidad de las medidas, de forma que ha indicado que las medidas en materia de personal del sector público tienen carácter "excepcional y temporal", siendo de aplicación hasta final de 2013, siempre que se retome la senda de normalidad en los ingresos de la Comunidad.
Martínez Aguayo ha explicado que estas modificaciones del plan supondrán que la afectación sobre el Capítulo 1 del Presupuesto de la Comunidad se verá reducida en entre 25 y 30 millones de euros, aunque ha indicado que esa recorte que se extrae de dicho capitulo habrá que llevarlo a otras partes del presupuesto.
De esta forma, la consejera ha explicado que "habrá que implementar otras medidas en otras partidas", que podrían ser algunas del Capítulo 2, donde "habrá que apretar un poco más" en algunas áreas, como la reducción de la partida destinada a alquileres, donde habrá que ampliar el porcentaje de reducción, de manera que "se garantice que el conjunto del plan y los 777 millones se mantienen íntegros".
"El total del plan no se verá modificado, como tampoco el objetivo de déficit del 1,5 por ciento, pues de su mantenimiento depende el crédito de la Comunidad", ha agregado la consejera.
Martínez Aguayo, quien espera tener aprobado "lo antes posible", este mes, dicho decreto ley para su aplicación en julio, ha destacado que se tramitará como proyecto de ley en el Parlamento de Andalucía, ante lo que se ha mostrado "abierta a la negociación y a la mejora del plan, siempre que no se pongan en riesgo los objetivos".
La consejera, quien, al igual que los sindicatos, da por concluida la negociación con las centrales "tras culminar la fase de hacer aportaciones", ha agradecido la actitud "responsable" de los sindicatos en la Mesa General, tras lo que ha recordado el "estrecho margen que teníamos, aunque hemos intentando que exista el menor impacto posible, introduciendo la reversibilidad y temporalidad de las medidas, además de minimizar el impacto sobre los interinos".
LOS SINDICATOS MANTIENEN LAS PROTESTAS
Todos los sindicatos presentes en la mesa --CCOO, UGT y CSIF-- consideran "insuficiente" la merma de entre 25 y 30 millones del recorte en el Capítulo 1 y ha anunciado que mantendrán todas las movilizaciones planteadas, aunque ven difícil y complicado que pueda existir una unidad de acción sindical.
Todos consideran que los "recortes" contemplados en el plan supondrán una "merma de los servicios públicos y una pérdida de calidad de los mismos, además de afectar a los empleados públicos".
De esta forma, el presidente de CSIF-A, José Luis Heredia, ha lamentado que "no ha sido posible el acuerdo" y ha apuntado que "el proyecto de decreto ley era aun peor que el plan de ajuste presentado, pues mantiene los recortes en dicho capitulo y no estamos de acuerdo".
"La consejería ha tenido una actitud monolítica y no ha movido ni una sola ficha; no ha habido negociación sobre el plan de ajuste ni ha habido cambio sustancial, a pesar del gesto que han tenido, totalmente insuficiente", ha agregado Heredia, quien pide a la consejera que "traslade la situación al Gobierno central, pues estos ajustes van a suponer una pérdida importante de la calidad de los servicios".
Heredia considera que la consejera "ha venido con buenas intenciones pero se quedan solo en eso, ha habido buena voluntad y buenas maneras, pero ninguna negociación".
Por su parte, el secretario general de FSP UGT-A, Antonio Tirado, lamenta la falta de acuerdo entre las partes a pesar de las sugerencias expresadas por los sindicatos para modificar el decreto y, aunque destaca el "esfuerzo" por parte de la Junta, considera que este "ha sido totalmente insuficiente".
"No nos parece que siga recayendo el mayor esfuerzo sobre el conjunto de los empleados públicos y los servicios públicos", ha aseverado Tirado, quien advierte de que ello puede derivar en una pérdida de empleo público, asegura que "habrá despidos" y en un detrimento de los servicios.
Lamenta la disminución en el número de empleados públicos en los próximos años, al no aplicarse la tasa de reposición ante la jubilación del personal, y critica que "la Junta nos dice que la imposición del Estado de las 37,5 horas es innegociable e inevitable".
Por su parte, el coordinador del Area Publica de CCOO-A, José Blanco, considera que la flexibilización de las medidas planteadas por la Junta "no supone una modificación sustancial del plan, especialmente del Capítulo 1".
Ha reiterado que la Junta "debe buscar alternativos y fórmulas que reduzcan el impacto en el Capítulo 1 y en el empleo, buscar la eficacia y eficiencia en las distintas administraciones para no mermar los servicios, pero esas circunstancias no se dan y se producirá una merma de los servicios y de la calidad del empleo".
CCOO ha reclamado que los ajustes se efectúen "por la vía de ingresos no solo de gasto", pero lamenta que "al final ha sido imposible un acuerdo", aunque ha anunciado que en el trámite parlamentario el sindicato seguirá haciendo propuestas "para aminorar los efectos en el empleo y en los servicios".
PROTESTA DE LOS SINDICATOS
Por su parte, miembros de la Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), en la que se integran Satse, SAE y ANPE, y el Safja se han concentrado con una pitada ante la sede de la Junta para pedir estar presentes en dicha mesa.
En ese sentido, fuentes de la FSES han indicado a Europa Press que han entregado un escrito donde piden estar presentes en dicha mesa, en aplicación de los últimos resultados de las elecciones sindicales y han apuntado que están analizando la posibilidad de acudir a la vía penal contra la Junta por vulnerar la libertad sindical y por no convocar la Mesa General aplicando el resultado de las elecciones.
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