La política se fue y ha sido sustituida por los juzgados. El caso más llamativo ha sido el caso catalán. Ha sido imposible establecer un diálogo político racional durante años entre gobiernos representativos de la voluntad popular de Cataluña y de España. Ahora –tras los actos parlamentarios de declaración de la república catalana - el Estado actuó con el 155 y los tribunales han empezado una labor de enjuiciamiento de la plana mayor de los independentistas catalanes.
El parlamento catalán –su mayoría parlamentaria, para ser más exactos- tiene un dilema que se acerca a la astracanada: Nombrar una doble presidencia de la Generalitat –una simbólica, otra real- . Los letrados no saben ni cómo empezar la legislatura. Mientras que la oposición contempla, demasiado conformista, cómo los partidos nacionalistas andan de ronda por Bruselas para tratar de conformar un gobierno soberanista que les quite de encima el 155, los juzgados siguen adelante. Las cúpulas de Esquerra Republicana y Junts per Catalunya, la anterior mesa del Parlamento y el último Gobierno catalán tienen que responder ante los tribunales por malversar medios públicos a mansalva para los fines del independentismo, por desobediencia al Tribunal Constitucional y está por ver si por sedición o por rebelión.
El historiador Santos Juliá muy agudamente da el diagnóstico: “el Tribunal Supremo, el Consejo de Estado y el Tribunal Constitucional, que con sus autos, informes y providencias han mostrado que el Estado conservaba la fortaleza necesaria para contener el asalto perpetrado desde instituciones del mismo Estado. No ha sido La Moncloa, que ya ha comenzado a pagar su cúmulo de errores y corrupciones, la que ha triunfado en esta desgraciada confrontación, como gime Puigdemont; ha sido el Estado, ese dinosaurio que seguía allí, quien, por el momento, ha logrado encauzarla sin necesidad de recurrir a la violencia”.
Ahora se anuncia que también será llamada a declarar como investigada Esperanza Aguirre que abandonó sus cargos en distintas etapas, por la cantidad de colaboradores pillados en asuntos graves de corrupción y poner tardíamente tierra de por medio. Pero ¿cuando sacará conclusiones políticas de los mil casos del PP Mariano Rajoy? Son ya decenas sus ex ministros y de Aznar, ex presidentes regionales y de su ejecutiva los llamados por la justicia. No hay duda de que su aferramiento al máximo poder del ejecutivo tiene que ver con la inquietud que le produce responder ante los tribunales.
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