El Partido Popular y el “sindicato” Manos Limpias quieren que el caso de los EREs sea eterno y –junto con la fiscalía- quieren “sentar” a los ya sentados por el llamado “procedimiento específico” para el otorgamiento de ayudas en todos los juicios que restan o acumularlesen éste las causas ya instruidas. ¿Y las que restan por instruir? También, como se pueda. Un modelo de locos que sería tan largo en su espera como el propio Juicio Final. No hay que ser muy avispados además para entender que la petición- desechada- de que la presidenta de la Junta de Andalucía testifique es una maniobra política en la búsqueda de un pleno al quince que se completaría con que los ex presidentes Borbolla y Escuredo también fueran al juzgado, aunque sea de oyentes, como en la vieja universidad.
Se trata de dilucidar si lo que el parlamento andaluz aprobaba se tornaba ilegal, en su ejecución presupuestaria posterior. Las leyes de Presupuestos contemplaban una partida para las ayudas sociolaborales, y todas las acusaciones sostienen que la forma de llevarlas hasta los perceptores era sin los requisitos legales exigibles. Pero obviamente las leyes de Presupuestos no pueden ser ilegales jamás. Un juicio muy técnico. El Estado hizo lo propio en 220 ayudas.
Alayallevó a cabo una instrucción tan indivisible como inacabable y ella misma pidió el cambio del juzgado a la audiencia, aunque con la voluntad de quedarse con la causa. No lo consiguió y ahora desbarra sembrando dudas sobre sus colegas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Adelantándose al juicio, declaró que le generaba "una incertidumbre fea" la sentencia que se pueda dictar. La antigua instructora clamaba anticipadamente por la culpabilidad. Eso se desprendía de su intervención desconfiada, luego enmendada.
A la pieza política, que congrega a presidentes, consejeros y demás altos cargos juzga su grado de participación o no en el mecanismo de ayudas y la legalidad o no de esas actuaciones. El PP quiso, y no pudo, redondearla con la acusación de asociación ilegal. Es en otras piezas donde se verán las presuntas irregularidades de comisiones e intrusos y el empleo correcto o no de las ayudas. El principio de no ser juzgado dos veces por lo mismo aquí llegaría a la friolera de ser juzgados 270 veces por lo mismo. El 12 de febrero los jueces indicarán el camino a seguir.
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