Cuando alguien ajeno a una disputa –un árbitro independiente- emite un informe tiene mayor autoridad. Es lo que ha sucedido con su informe sobre la corrupción en España del grupo GRECO, un organismo creado en el Consejo de Europa en 1999 que ha llamado la atención severamente sobre los escasos progresos del gobierno español en las medidas contra la corrupción. Las siglas de GRECO significan Grupos de Estados Contra la Corrupción. Su lema es precisamente “Decididos a luchar contra la corrupción”. Se hayan adherido a este grupo 48 países europeos y los Estados nombran representantes y expertos para que participen en sus trabajos. Actualmente son dos directores generales del ministerio de Justicia. Su directorio o Bureau es absolutamente internacional y lo preside un juez croata.
Tras publicar un informe a finales de diciembre de 2017, el GRECO el 3 de enero ha publicado una nota de prensa oficial donde ratifica que España no ha hecho los progresos requeridos para poner en marcha sus recomendaciones para mejorar la prevención de la corrupción en el poder legislativo y el judicial y la nota que otorga es “globalmente insatisfactoria” porque España no ha llevado a cabo ninguna de las 11 recomendaciones formuladas desde 2013. Siete han sido adoptadas solo parcialmente y cuatro han sido absolutamente ignoradas. El gobierno se excusa por las legislaturas fallidas y la repetición de elecciones.
Las materias en las que se señalan las deficiencias son en la calidad democrática en el parlamento para garantizar la lucha contra los intereses privados de los parlamentarios, aumentando la trasparencia de nuestros representantes, en implementar la independencia del poder judicial, sin interferencias políticas y en la no influencia del Estado en la fiscalía. Son todas materias sensibles que afectan al núcleo de la calidad de la democracia y que se ponen de manifiesto casi cada día en las actuaciones de los representantes de esas instituciones. Por ejemplo, en la selección de los altos cargos, como los magistrados del Tribunal Supremo o de la Audiencia Nacional, el grupo de GRECO señala "la falta de un desarrollo legislativo para establecer criterios objetivos y requisitos de evaluación" a fin de garantizar que "estos nombramientos no arrojan dudas sobre la independencia, imparcialidad y transparencia del proceso". El Consejo de Europa quiere "una acción decidida", "no sólo palabras y planes, sino hechos", para luchar contra la corrupción. Habrá que esperar.
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