Lo ha dicho el presidente del Gobierno: “La mejor (solución) es la pronta vuelta a la legalidad y la afirmación a la mayor brevedad posible de que no va a haber una declaración unilateral de independencia, porque con eso además se evitarán males mayores”. ¿Qué males mayores? La inquietud mayor ahora es de las propias autoridades catalanas. Observadores muy cualificados temen por un proceso de “Ulsterización” de Cataluña, con el poder en la calle y la presencia de fuerzas en los lugares estratégicos de Cataluña y la consecuente pérdida de prestigio y de poder de la institución histórica de Cataluña, la Generalitat. ¿Por cuánto tiempo su intervención?
Los frentes se multiplican. El sector del PP que controla el expresidentes Aznar sostiene una línea dura: “El Gobierno debe actuar tal y como la nación necesita que lo haga….. Y si no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, entonces debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno, con qué propuesta y con qué apoyo electoral se deberá hacer frente a esta coyuntura crítica para España”. Es decir, un ultimátum a Rajoy. Que convoque elecciones si no tiene arrestos para abrazar los postulados de FAES, la fundación de Aznar.
Varios signos hay de un cambio en el ambiente general sobre Cataluña. La nula credibilidad del mensaje de Puigdemont, posando como si se tratase de un nuevo jefe de Estado de la nueva república, tan del gusto de los presidentes autonómicos, ha conducido a la aparición de mediadores por acá y acullá –cardenales de la Iglesia, colegios profesionales, lehendakari Urkullu, personalidades independientes, de la Unión Europea…-. Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha acordado suspender de forma cautelar el pleno del parlamento catalán del próximo lunes para evitar la declaración de independencia. El PSC presentó el recurso con el argumento de que si dicho pleno declarase la independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución. El TC advierte a la presidenta del parlamento y a la mesa de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión” acordada bajo apercibimiento de sanciones, incluidas las penales. Mientras tanto el Banco Sabadell decide sacar su sede social de Cataluña temiendo la salida de depósitos y la Caixa se lo piensa. Mal negocio para la Cataluña emprendedora en la que toda España se miraba como modelo de sociedad de progreso.
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