No es de recibo que el presidente del Gobierno español, cuando comparece ante un tribunal de justicia, lo haga en el mismo nivel que los jueces, letrados, fiscales y no donde le corresponde por ley en el banquillo o lugar donde se han situado los anteriores acusados o testigos que han comparecido anteriormente y donde lo harán los que vengan a continuación. La igualdad ante la ley ha estado quebrantada desde el primer instante del juicio. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo expresa en su artículo 187: “1. En audiencia pública, reuniones del Tribunal y actos solemnes judiciales, los Jueces, Magistrados, Fiscales, Secretarios, Abogados y Procuradores usarán toga y, en su caso, placa y medalla de acuerdo con su rango. 2. Asimismo, todos ellos, en estrados, se sentarán a la misma altura”.
Luego se deduce que los demás - como de hecho se hace siempre- se sientan donde se acostumbra en los todos los tribunales de España. No se trata de por donde entra o sale el vehículo del presidente a la Audiencia Nacional que, por razones de seguridad, se puede entender que no se le exponga a ningún tipo de riesgo. Pero Rajoy parecía un juez más en el día de ayer en esa sala de juicio… a la Justicia, no a Mariano Rajoy. Podía haberse puesto la toga. Es un trato de favor inaceptable y que hace sospechar, hasta al más ingenuo, que la imparcialidad parece estar de más en ese juicio. El Fiscal Anticorrupción ha acompañado a los fiscales del caso, no ha hablado pero allí estaba. Bárcenas no ha ido pero su abogado ha ayudado a Rajoy. El tono ensoberbecido, despectivo y desmemoriado de Rajoy hacia los letrados que le interrogaban o la actitud del presidente del tribunal echando capotes o anulando preguntas por no pertinentes o por impertinentes retrata el cuadro perfecto de una radical desigualdad ante la ley, los tribunales y los jueces según quién sea el que comparezca. En este caso, ha sido patente.
La frase señera del presidente Rajoy -27 años en la cúpula del Partido Popular- ha sido: “Mi responsabilidad era política”. Por eso mismo la asunción de responsabilidades debe ser política, independientemente de las penales, si fuere el caso. Tras años de escándalos y casos de corrupción ninguna ha sido asumida ni por el presidente ni por los demás dirigentes.
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