Que en el mismo día se sepa de tres casos- de diferente dimensión- es cosa buena. La primera, que un histórico dirigente minero de la UGT ha sido imputado por presuntamente haberse embolsado fondos de una subvención del ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la construcción de una residencia geriátrica denominada, para mayor escarnio, La Minería. Llueve sobre mojado porque el dirigente minero, Fernández Villa, ya estaba imputado, tras haber regularizado en la amnistía fiscal 1,2 millones de euros, provenientes de fondos públicos obviamente. La prensa de derechas, con razón, lo acusa de haber pasado de “levantar el puño a meter la mano”. En esta ocasión, nada que objetar. Se trataba del personaje que acompañaba al presidente Rodríguez Zapatero y Alfonso Guerra en el anuncio anual de la subida de pensiones en los prados asturianos o del norte de León. Un truhán.
El segundo capítulo nos lo ofrece el fiscal, llamado de Anticorrupción, Moix, que suele ser conocido por todos los medios por proteger a determinados corruptos. Resulta patético que tenga la prensa que destapar –a pesar de todos los organismos de control de la administración general del Estado y de la judicial- que disponía, por herencia, de una sociedad off shore en Panamá. Caso ministro Soria, segunda parte. La solución, tras haber sido reprobado por el Congreso en el paquete del ministro de Justicia y del Fiscal General del Estado, no tardará en llegar. No puede ser otra que la salida de la fiscalía. Cualquier otra salida sería falsa y temporal. Así funciona una democracia y sólo el Partido Popular, experto en capear temporales, lo apoya en estos momentos. Pero será por muy escaso tiempo.
El tercero es de mucha menor cuantía. Pablo Iglesias pidió que una sentencia que le era contraria no se publicara. Se trataba de su puesto de interino en servicios especiales en al Universidad Complutense. Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo había acordado no pasar la sentencia a la Oficina de Información del Tribunal Superior de Madrid. El gabinete de prensa recurrió y el Consejo General del Poder Judicial le dio la razón por la personalidad pública de Iglesias. El fondo es lo de menos. Si sigue siendo profesor o no de la Complutense. La forma es esencial: el conocimiento público de la sentencia. Desvelar lo oculto siempre es excelente noticia.
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