Hubo una vez un 15 de mayo que conmovió España. La Puerta del Sol de Madrid fue el epicentro de un movimiento que irradió su luz por todo el territorio nacional. El 15-M tuvo sus ramificaciones en las capitales del mundo donde había grupos importantes de “exiliados”, los nuevos trasterrados –mayoritariamente jóvenes- que tuvieron que salir de España para tratar de tener alguna oportunidad en sus vidas. Estamos en las mismas hoy, seis años más tarde.
Los motivos para aquella indignación no se han amortiguado. Se han incrementado. Se han ido conociendo tantos casos de corrupción que se han convertido en tramas. Tantos recortes y precariedad laboral que se ha establecido el precariado.
Tanta falsa separación de poderes que el Congreso se ha visto obligado a reprobar a la cúpula de la fiscaliza y al propio ministro de Justicia. Es el mejor modo de celebrar este sexto aniversario de aquel movimiento que fue trasversal en edad, sexo, ideología y hasta de clases sociales.
Pero este año ha trascurrido su aniversario sin pena ni gloria. En la Puerta del Sol la única celebración ha sido la que ha recibido la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en la que, de momento, no ha resultado imputada porque fiscal y juez no han querido llegar
Aquel movimiento de los indignados pidió el cambio de la Ley Electoral para que las listas sean abiertas y con circunscripción única, es decir, con proporcionalidad, el cumplimiento con los derechos fundamentales de la Constitución como: derecho a una vivienda, la dación en pago, sanidad pública, gratuita y universal y una educación pública y laica, una reforma fiscal favorable para las rentas más bajas, una reforma de los impuestos de patrimonio y sucesiones, la Tasa Tobin, que grava las transferencias financieras internacionales, que los programas y las propuestas políticas tengan carácter vinculante y que sea obligatorio por ley presentar listas libres de imputados o condenados por corrupción.
Había otro grupo de medidas: Nacionalización de aquellas entidades bancarias rescatadas por el Estado, desvinculación verdadera entre la Iglesia y el Estado, recuperación de las empresas públicas privatizadas y efectiva separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y finalmente la transparencia en la financiación de los partidos políticos como medida de contención de la corrupción política.
El programa sigue vigente y esperando mejor ocasión. ¿La habrá?
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