El 25 de abril de 2006 Mariano Rajoy posó en el Congreso de los Diputados con unos paquetes que contenían exactamente 4.028.936 firmas en 876 cajas de cartón. Los independentistas tres años más tarde pusieron también cajas de cartón para que tres millones de catalanes votaran en una consulta ilegal, pero que se celebró y a la que el gobierno de Rajoy no le cerró los colegios, institutos y demás centros públicos donde acudieron a votar los que eran partidarios de lo que eufemísticamente se llamaba el derecho a decidir. Años más tarde la situación esperpéntica se ha judicializado. No es la política por otros medios sino la negación de la política.
Diez años más tarde el cartero ha llamado a la puerta de nuevo. Ya se sabe que los carteros llaman varias veces en las novelas y en las películas. Mala iniciativa fue la del Partido Popular de ordenar la recogida de firmas contra el Estatuto de Cataluña. Lo hizo desde Cádiz: "Pido que me apoyen en esta exigencia y lo hago en Cádiz porque es la ciudad símbolo del moderno constitucionalismo español, donde se firmó la Constitución de 1812, y donde se dijo que todos teníamos los mismos derechos". Albert Rivera –recién elegido presidente abrumadoramente de Ciudadanos- también dice que vuelve a Cádiz: “Los liberales de Cádiz han vuelto para gobernar”. Es cosa de tener vida y aliento para confirmarlo o desmentirlo, porque el papel lo admite todo. Hoy Artur Mas –acosado en la puerta del al lado por la corrupción manifiesta en su partido- se ha permitido lo que no hace nadie, llegar a un tribunal con media hora de retraso, acompañado del presidente de la Generalitat de Cataluña y por cuarenta mil personas más, cantando Els Segadors que no termina precisamente como el andaluz, “Andalucía por sí, por España y por la Humanidad”. Al menos se ha declarado responsable de todo.
Rajoy ordenó al fiscal general del Estado –contra la opinión de los fiscales de Cataluña- el proceso de ayer. Significa la implicación de la justicia cuando el gobierno se quedó quieto en su momento. El artículo 155 de la Constitución está más cerca. Si una Comunidad Autónoma no cumple la Constitución, el Gobierno podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso. El desafío está sobre la mesa. Interesa a ambas partes, desgraciadamente se han retroalimentado, y España pierde.
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