Nos hemos enterado por Bruselas, no por un comunicado del presidente del Gobierno de España, que es el que lo escribió: “En la segunda mitad del año, una vez que haya un nuevo Gobierno, estamos dispuestos a adoptar nuevas medidas” avisa Rajoy al presidente de la Comisión Europea, Juncker. Lo que hay tras el anuncio de “nuevas medidas” es -como todo el mundo ha entendido- más recortes. El melón de la agenda oculta no se abrió en España sino en Bruselas.
Los recortes son ya el pan nuestro de cada día pero lo que no se entendía era el programa previo a esta carta que contaba Rajoy en sus comparecencias como líder del Partido Popular. Prometía la imposible cuadratura del círculo de no hacer recorte alguno –se entiende después de los ya realizados- y bajar, al mismo tiempo, los impuestos y reducir el déficit español que era el motivo de la carta a Juncker para que la Unión Europea no multara a España por haberse excedido en el déficit.
Los reproches de Bruselas son evidentes, pero no han querido hacer sangre porque estamos en campaña electoral –ya parece que permanente- aunque no tragan el discurso popular sabiendo que en Bruselas la rebaja fiscal preelectoral de 2015 cayó como un tiro porque la hacía un gobierno que contabilizaba el segundo mayor déficit de la Unión, tras Grecia, y con una deuda pública del 100% del PIB y, sin embargo, una presión fiscal por debajo de la media europea.
Las cuentas tienen que cuadrar por eso es más creíble -aunque guste menos- decir que, por ejemplo, asegurar las pensiones exige, así lo propone el PSOE, ingresos extraordinarios que o provienen de los impuestos o de un vuelco en el mercado de trabajo, con más cotizantes y con mejores sueldos, única forma de mejorar las finanzas de la Seguridad Social.
Hay un golpe bajo –e incierto- en la carta de Rajoy cuando culpa a las comunidades autónomas del aumento del déficit. Excusas de mal pagador en la creencia de que la carta quedaría oculta. La trasparencia de la UE o la simple filtración de la carta han dejado al descubierto la injusticia, que la Junta de Andalucía lleva denunciando años.
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