Detesto la demagogia. No me gustan ni los chistes fáciles ni la política barata. Pero tenemos que reconocer que las cosas que pasan se lo ponen a uno cuesta arriba para callarse y mostrarse comedido y políticamente correcto. Con la llamada Ley Mordaza, por ejemplo, habrá que tener sumo cuidado con negarse a identificarse o con fotografiar a los agentes de servicio, incluso cuando cometen tropelías por propia iniciativa o porque sean obligados reglamentariamente. Pero en la citada ley sobre todo se criminalizan las protestas, precisamente cuando hay tanto por lo que protestar, y se pone en manos de los representantes del gobierno una capacidad de imponer multas y sanciones, desconocida hasta ahora en nuestro ordenamiento jurídico democrático. Los correspondientes portavoces de la administración que multa y recauda dirán que todo es por nuestro bien, para que no nos desmandemos. Miran, en definitiva, por nosotros para que no nos propasemos. ¿La Constitución? A la despensa de objetos inservibles.
Pero si los responsables de la administración se han dotado ya de suficientes instrumentos represores contra los ciudadanos que los elegimos en elecciones libres, -con lo que ya han traspasado a nuestra responsabilidad la obligación de quitarlos de en medio con el voto cuanto antes- no digo nada sobre lo que hacen algunos jueces con el poder unipersonal que les otorga ser un poder del Estado, con carácter unipersonal, ni elegibles, ni revocables, ni sometidos al escrutinio publico, aún teniendo la capacidad de decidir sobre la libertad y el honor de las personas, por virtud de la Constitución, porque en tiempos de la dictadura eran obedientes trasmisores de los deseos del mando, por supuesto militar.
Aunque la ley manda, como ha recordado brillantemente el abogado Alberto Revuelta, que el articulo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dispone que la detención deberá realizarse en la forma que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio, hemos visto que un grupo de ciudadanos, por el hecho de estar estigmatizados por su condición de ser o haber sido cargos de la Junta de Andalucía, - que empieza a constituir en sí mismo un delito en determinados juzgados- han sido detenidos como si estuviesen cometiendo un delito flagrante de terrorismo o violencia de género, y tras varios días en los calabozos policiales han vuelto con la estrella amarilla colocadas en sus vestimentas como los judíos en tiempos de los nazis.
Yo creía que nadie estaba por encima de la ley sino que todos éramos sus siervos. Estaba equivocado.
Envía tu noticia a: participa@andaluciainformacion.es
