De hecho, y lamentablemente de derecho —Qo: cui bono, cui prodest—, la Unión Europea es, al fatídico día de hoy, una dictadura enmascarada que pretende ir incluso más allá de la fórmula criptoabsolutista estadounidense. La fantástica idea de una Europa feliz e idílicamente unida se vendió como el cuento bíblico de la tierra de promisión, y, a la vez, como única, exclusiva y excluyente vía hacia un futuro de prosperidad, progreso y perros atados con longanizas. Ahora, una marcha atrás es punto menos que imposible. En semejante coyuntura, la mayor parte de la ciudadanía vegeta en el improbable refugio de la resignación, el desentendimiento y el escepticismo acrítico, como corroboran los elevados índices de abstención en las elecciones al Parlamento Europeo, mientras persiste el patético embeleso por el fraude original desde la creencia en las más falsas esperanzas. Creencia ciega que, por consiguiente, es más fe que simple esperanza.
Si es cierto, como ha asegurado el presidente (y agent provocateur) Rodríguez Zapatero, que va a celebrarse un referéndum sobre la Constitución de la UE, la megapropaganda gubernamental y la incultura política de los votantes garantizarán un respaldo mayoritario a la torticera Carta Otorgada (o sea, sin auténtico carácter constitucional) que se propone como ley suprema para regir a la heterogénea grey de los vasallos habitantes de un continente a la deriva. De dicho marco legal, afrontémoslo sin más vacilaciones, no van a salir sino graves perjuicios para los intereses de España. Al final, el PP pedirá a sus seguidores el apoyo a tan formidable despropósito.
El evidente (evidente para ciertas restringidas tertulias) déficit democrático que impera de forma integral en las instituciones europeas parece no interesar lo más mínimo a una población que, más pronto que tarde, se enterará de en qué espeluznante ciénaga la han metido.
Los elementos esenciales de esa letal insuficiencia democrática son: la liquidación de la participación ciudadana en beneficio de una noción aberrante de los mecanismos de representatividad; la omnipotencia del órgano ejecutivo de la UE: es decir, de la Comisión Europea, la cual, como es sabido, no se elige por sufragio universal, de manera que la Comisión se establece como un estamento inmune de políticos profesionales vinculados a la partitocracia, cuyas actuaciones se urden a espaldas de los administrados; por su parte, el Consejo Europeo es una institución que asume tanto funciones ejecutivas como legislativas, conculcando así uno de los principios elementales del sistema democrático como es la estricta separación de poderes; la política económica de la UE está encomendada al Banco Central Europeo (BCE), que es la entidad que dispone la política monetaria de la zona euro, y es el oscuro consorcio que fiscaliza y regula la inflación, al margen de cualquier clase de argumentos sociales, además de poseer el derecho incompartido e incompartible de aprobar la emisión de billetes y prescribir los tipos de interés, entre otras muchas y cruciales atribuciones, pero lo más incongruente es la absoluta falta de control político que concede al BCE un alto grado de blindaje tan sólo limitado —y esto introduce un factor de escandaloso desequilibrio en su dinámica— por la intensa y constante presión del Bundesbank, lo que no necesita ser comentado. En este pérfido diseño todo se apuesta a la estabilidad monetaria y a la estrategia obsesivamente antiinflacionista, pero nada al crecimiento simétrico ni al pleno empleo. El horizonte de la política europea está ocupado por el extremismo mercantil y financiero de una economía prioritariamente especulativa, no productiva. Sin embargo, estamos nada más que en el comienzo de un proceso conducente al fortalecimiento, en el contexto UE, de la hegemonía del Estado alemán; o, lo que es lo mismo, a la conformación de una Europa sometida a un Viertes Reich (Cuarto Reich).
Aunque el Parlamento Europeo sí se elige por voto directo, resulta patente su lugar subordinado al Consejo en el ámbito de la legislación, como es indudable su naturaleza eminentemente decorativa, a pesar de todas las proclamaciones y a pesar de la teatralidad con que se revisten sus equívocos ceremoniales.
A lo anterior hay que añadir la implacable influencia directiva sobre las redes mediáticas o la multieficacia de los tecnopasillos en cuanto a la neutralización y desvío de iniciativas, propuestas, reivindicaciones, quejas y cualesquiera otros expedientes de origen externo a la monstruosa burocracia que guía a Europa hacia un escenario de regresión y desigualdad.
Todo intento de exigir responsabilidades a los mandatarios (políticos y tecnócratas) de la Unión Europea está, y estará, condenado al fracaso. La impunidad es perfecta.
Nunca se ha trabajado seriamente para impulsar la cohesión social en todas sus dimensiones; de ahí que las desproporciones se incrementen, en extensión y profundidad, tanto a nivel interestatal como a nivel interior entre los países miembros.
Si nos detenemos en aspectos concretos, como la Política Agraria Común, huelgan las explicaciones teóricas: basta mencionar, por no irnos muy lejos, las desventuras de la Comunidad Autónoma Andaluza en cuestiones como el olivo, la vid, el algodón o la remolacha. Los gobiernos de Madrid y los autonómicos han permanecido impasibles ante las incesantes agresiones llevadas a cabo por la UE contra la economía española: desindustrialización, agricultura, pesca o ganadería, relegándonos a la vergonzante servidumbre del sector servicios.
Las renuncias en el tema de la soberanía de las naciones —que sólo serían aceptables de existir una estructura supraestatal armónica y equilibrada de índole federalista— han supuesto un golpe de muerte a la voluntad popular —expresada en las elecciones generales— en virtud de la excesiva dependencia, con respecto a las normativas europeas, de las leyes elaboradas en cada país. A raíz de Maastricht, el modelo neoliberal a ultranza se afianza, sin fisuras y con vocación de irreversibilidad, en el ordenamiento económico de la UE, fulminando todo proyecto que se distancie un ápice del implantado autoritariamente por voluntad inapelable de las élites del capital con su depravada mafia de lobbys, cuyas diligencias se encauzan hacia la eliminación definitiva del Estado Social de Derecho, trivialmente designado como Estado del Bienestar. Ceder soberanía a Bruselas será cedérsela a Berlín. Ya lo veremos.
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