El puerto | La facilidad con la que se prometió dar respuesta y auxilio, aún a sabiendas de las dificultades que ello entrañaba, tiene ahora el golpe de una cruda realidad del que intentando hacer un equilibrismo con los que crédulamente creyeron, confrontan con los que padecen y soportan la desdicha de la verborrea fácil de unas promesas que ni se cumplen ni se pueden -legalmente- cumplir.
El Área de Bienestar Social es a día de hoy de todo menos un lugar plácido y benéfico. Más bien todo lo contrario.
Una carta remitida por los profesionales que la componen, y a la que ha tenido acceso en exclusiva Viva El Puerto, da buena cuenta del cariz que empieza a mostrar ante el desborde institucional que padece. Nunca fue un lugar fácil ante las limitaciones con las que ha tenido que lidiar en los últimos años, pero la realidad se complica y se acucia de una manera preocupante.
Acusaciones graves las que denuncian y las que dejan a las claras que, a las carencias lógicas se suman las irregularidades que aseguran padecer de los que deben salvaguardarlos. Y es que los trabajadores están arrinconados, sin medios, sin apoyo y señalados por lo que hacen y por lo que no. Por un lado la “enorme preocupación por los continuos ataques, presiones, críticas y descalificaciones a nuestra labor profesional, que desde hace un tiempo estamos sufriendo en distintos foros, medios y redes sociales por parte de ciertas personas y colectivos sociales, así como nuestra indignación por el filtrado de documentos y comunicaciones internas y su posterior publicación en redes sociales”, sostienen. Así dan testimonio en un escrito al que dan entrada en el Registro municipal el 7 de abril y dirigido a la zona noble del Ayuntamiento de Peral.
“Ante la ausencia de respuesta del equipo de Gobierno a los ataques que sufrimos”, ruegan que “se promueven medidas con el objeto de garantizar no se vuelva a vulnerar la privacidad de las comunicaciones y documentos internos, una pronta, eficaz y contundente respuesta institucional de su equipo de Gobierno en defensa de nuestra labor profesional”, apuntan.
“Así como nuestra sensación de confianza institucional en nuestro trabajo diario”. Más de 20 días después desde que se enviase la misiva, se desconoce si ha habido contestación. Y lo que más retrata el asunto es que se “evite en la medida de lo posible seguir ofreciendo cobertura institucional a personas y/o colectivos de dudosa constitución formal y/o legal, que no representan a la ciudadanía, por la que diariamente trabajamos”, señalan abiertamente.
Dossier: ataques y ayudas
Si lo expuesto no fuera ya de por sí grave, en una documentación que argumentan con 30 folios, enumeran con un dossier los ataques y presiones que se dividen en siete apartados. Se habla abiertamente de un documento “robado” sobre las Ayudas de Emergencia Social y que posteriormente se publicó en una red social y que “se trata de una visión simplista y deformada” en su argumentación.
De entre los consejos que desde un colectivo se facilita a sus miembros, está el de “la solicitud de ayudas que está pensada como una carrera de obstáculos para que abandones, ármate de paciencia e insiste. Pide siempre un certificado que demuestre que has solicitado la ayuda”, muestra el colectivo en un pantallazo realizado por los empleados.
Decreto de Inclusión
El punto culminante de toda esta movilización llega con la publicación del listado correspondiente a las personas beneficiaras del Decreto de Inclusión (Programa de Ayuda a la Contratación).
Es un programa que anualmente publica la Junta de Andalucía enmarcado en un Decreto ley, correspondiendo al municipio la aplicación del correspondiente baremo, determinando en la citada normativa, y la contratación de los beneficiarios en las que media el propio alcalde.
El 17 de febrero un Trabajador Social es requerido para dar explicaciones sobre las ayudas concedidas a un usuario de los Servicios Sociales ante una plataforma, teniendo que soportar la fiscalización de su actualización profesional.
A la presión diaria sufrida y a la falta de apoyos institucional que aseguran padecer, se le añade otro factor: los insultos recibidos.
Según se reconoce, el 17 de febrero, y después de verse obligado un Trabajador Social a dar “explicaciones sobre las ayudas concedidas a un usuario de los Servicios Sociales”, el usuario en cuestión lo califica de “asesino en presencia del Jefe de Servicio del Área”, aseguran.
Posteriormente, el 29 de marzo el mismo Trabajador Social es nuevamente convocado para seguir dando más explicaciones del mismo expediente y ante la misma plataforma, siendo “de nuevo insultado, injuriado y desacreditado en esta ocasión por un concejal de Levantemos presente en el encuentro, que lo insulta con palabras como “no tienes vergüenza”, “eres un sin vergüenza”, o “siéntate si eres un hombre”, aseguran.
Casi 400.000 € en ayudas de alquiler
Durante 2016, Bienestar Social tramitó ayudas al alquiler a 477 familias distintas con una aportación municipal que asciende a los 387.460,74 euros. “Un dato que pone de manifiesto que son muchas las familias que por falta de recursos económicos acuden a los servicios sociales”, según apunta el socialista y responsable del Área Ángel M. González.
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