No ser dueño de sí mismo parece ser el sino de una ciudad que ve con amargura el destino y el futuro comprometido que le va definiendo como población pasiva y encorsetada a base de decisiones que le vienen dadas desde fuera. Ajenas a ellas, El Puerto encaja otra de las que le va a marcar.
El Puerto se convierte en un actor secundario en su propia casa, un elemento decorativo y complaciente ante las determinaciones que le vienen impuestas.
La decisión de solicitar a Puertos del Estado autorización para la enajenación mediante subasta de la parcela de 113.648 metros cuadrados ubicada en la margen derecha de la desembocadura del río Guadalete, junto a la playa de La Puntilla, ha reabierto su idoneidad.
Dicha parcela, desafectada del dominio público portuario en diciembre de 2014 por parte de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) no ha sentado a nadie bien.
Al menos a los que se han pronunciado al respecto de manera pública. Todas las formaciones políticas han manifestado su rechazo a tal medida.
Todos y cada uno han reflejado su disconformidad a excepción, como no podía ser de otra forma, del PSOE local.
Cuando de un tiempo a esta parte se ha reabierto otra vez el proyecto famoso del “río de las oportunidades”, parece ahora querer desempolvar nuevamente un plan que comienza a despertar tras el letargo sufrido. Como un diseño que empieza a cumplir los plazos y las inteniciones de unos y otros.
“Hacer negocio”
El que se adelantó a los movimientos que se oficializarían horas después fue el socio de Gobierno del PSOE -el que aguarda y aguanta las críticas a la decisión tomada-, Izquierda Unida, en boca de su líder, Antonio Fernández, se mostró contrario.
“Es prioritario y urgente aclarar el futuro de los suelos en manos de la Autoridad Portuaria, puesto que el desarrollo de la ciudad en torno al río es vital para El Puerto y no debe seguir dependiendo de la voluntad de la APBC. Menos aún cuando parece estar más centrada en hacer negocio con suelo público que en colaborar con el progreso de la ciudad”.
El ningueo ofrecido al que comanda la Concejalía de Urbanismo ha sido claro. “Ahora se convierte todo el trabajo realizado durante meses en papel mojado”.
Ni que decir tiene que es el propio Ayuntamiento el que paga de forma anual 90.000 euros a la Autoridad Portuaria por los terrenos de la Ciudad Deportiva, también de propiedad del ente que preside el socialista José Luis Blanco.
Fernández no duda en señalar a la Autoridad Portuaria a la que acusa de estar “actuando como un promotor privado al margen de este Ayuntamiento”
Justificación complicada
La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece que los bienes desafectados del dominio público se incorporen al patrimonio de la Autoridad Portuaria, que podrá proceder a su enajenación previa comunicación a la Dirección General de Patrimonio del Estado y cuando el valor venal del bien sea superior a 3 millones de euros e inferior a 18 millones.
La ley establece también que tanto la enajenación con las condiciones de la misma deben ser autorizadas por Puertos del Estado.
La valoración de la parcela realizada por la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, S.A., entidad independiente tal y como establece la ley, cumple con los requisitos establecidos en la normativa, por lo que se propone iniciar el expediente de enajenación.
La subasta será al alza y el tipo de licitación queda establecido en 7.373.233 euros. El importe que la Autoridad Portuaria obtenga con esta subasta se destinará a la financiación de las distintas actuaciones previstas en el Plan de Inversiones.
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