La Junta de Andalucía invertirá 200 millones de euros en nuevos cursos de formación, que se articularán en cuatro grandes bloques: formación para personas desempleadas (FPE), formación continua para trabajadores en activo, en la puesta a punto de consorcios escuela de formación, y en el programa de escuelas taller.
De esta forma se rectivan los cursos de formación que llevaban paralizados como consecuencia de la investigación judicial iniciada por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la formación, la conocida como Operación EDU, que se desarrolló en diferentes provincias andaluzas, entre ellas Cádiz, la pasada primavera.
La reactivación de los cursos de formación ha sido valorada por parte de la Junta en términos de que “permitirá revertir el empleo perdido durante la crisis económica”, y responde a las demandas de los usuarios de los servicios de formación y de los propios funcionarios que prestaban sus servicios a la Junta en este sector, y que denunciaban hasta fecha reciente la ausencia de carga de trabajo debido a la paralización de estos cursos por parte de la Junta.
Con respecto a las quejas de los funcionarios de FPE, que denunciaban también que el traspaso competencial efectuado por la administración autonómica de las carteras de Empleo a Educación, y luego de Educación nuevamente a Empleo, había provocado una situación de indefinición de tareas para estos técnicos. A lo que la delegada territorial de Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gema Pérez, ha apuntado que ya se ha reunido con los trabajadores de este servicio en la provincia gaditana; les ha visitado en las dependencias que han tenido hasta el momento (de Educación; en Cádiz Centro; cerca de la Delegación de Educación) y les ha transmitido su apoyo por el trabajo que vienen desarrollando.
En el caso de la provincia de Cádiz, el cambio de competencias hizo además que los técnicos de FPE fueran trasladados de sede, y fueron llevados a un centro de trabajo que, según denuncian, “no cumplía con las condiciones idóneas para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores”. Sobre ese punto, fuentes de la Junta informan que la Delegación Provincial de Empleo ya está barajando distintas opciones para solucionar las quejas de los funcionarios.
Pero las denuncias de los técnicos de FPE no acaban ahí. Y es que el sumario de instrucción de la Operación EDU ha provocado además que muchos de esos técnicos, la mayoría llamados a declarar por el juez en calidad de testigos, se vean en una situación de “indefensión jurídica. Altos cargos de la Junta implicados en los cursos de formación han recibido apoyo jurídico de la Junta. Nosotros en cambio no”. Fuentes de la Junta han aclarado que los testigos no requieren de protección jurídica al requerírseles solo en calidad de testigos y no tener implicación alguna en la trama. Su testimonio sirve para recabar información.
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