A pesar de estar en nivel 4 niveles de alerta en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, a pesar de trabajar en la provincia donde se incauta el mayor porcentaje de droga de España y de Europa, a pesar de tener que lidiar con las mafias dedicadas al tráfico de seres humanos, y a pesar de tener que dar seguridad a las fronteras que unen Europa con África, los agentes de la Guardia Civil de Cádiz “no tienen chalecos antibalas”, y lo que es peor, quien lo quiera usar para su protección “se lo tiene que comprar pagando una media de 600 euros”.
No es ninguna broma. Esta información forma parte de una denuncia pública por parte de la Asociación Unificada de Guardia Civiles, AUGC, organización que goza de la mayor representación en el seno de la Guardia Civil, tanto a nivel estatal, autonómico como provincial.
Por ello, la AUGC se ve obligada a denunciar públicamente “una de las carencias de material más incomprensibles que padecen los guardias civiles, la ausencia de chalecos antibalas para la totalidad de los agentes que prestan servicio en las vías públicas”. Resulta” incomprensible que los responsables de garantizar la seguridad de los ciudadanos no dispongan de los medios básicos que les ayuden a salvaguardar la suya propia”.
“Un agente, un chaleco”, es lo que exige la AUGC dado que “los guardias civiles sufrimos una alarmante escasez de chalecos que deben ser compartidos entre los miembros las unidades”.
También existen problemas “con las tallas, y la ergonomía de los mismos para que coincidan con las características anatómicas de los agentes”. En el caso de las mujeres este problema “es aún más acuciante, ya que no disponen de prendas específicas adaptadas a su género”. Ante esta situación “son muchos los compañeros y compañeras que optan por costearse de su propio bolsillo el chaleco antibalas, los cuales tienen un coste aproximado de 600 euros”.
Todo ello al mismo tiempo que, ante la amenaza del terrorismo yihadista, “el Ministerio del Interior cursa una orden para que todos los agentes de Policía y Guardia Civil que mantengan contacto con los ciudadanos o custodien algún edificio o instalación porten en todo momento los chalecos antibalas”.
Así mismo, demandan “la incorporación de la pistola eléctrica, taser, al armamento que han de portar los agentes, puesto que en caso de actuación, esta herramienta permite reducir a un sospechoso sin llegar a hacer uso del arma de fuego”.
Por estos motivos, y otros como la ausencia de derechos sociolaborales, el pasado 14 de noviembre más de 12.000 trabajadores del Cuerpo y sus familiares protestaron democráticamente en Madrid en una gran Marea de Tricornios. Aunque esto parece importar poco a los responsables de la Guardia Civil, los cuales hacen oídos sordos a las demandas de los agentes.
AUGC, con más de 30.000 afiliados, de los cuales más de 1100 se encuentran destinados en la provincia de Cádiz, es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).
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