La situación se empieza a enquistar. Algunos pensarían que se abría la veda y que tendríamos viviendas gratis para todos. Un “Pacto y programa de gobierno progresista y social de El Puerto de Santa María” hasta 2019, anunciado, firmado, expuesto y señalado con balizas virtuales en la web municipal, pero que compromete al tripartito, formado por PSOE, IU y Levantemos El Puerto, que gobierna la ciudad. Múltiples medidas a tomar en materia de vivienda, la que hoy nos ocupa, en tres meses.
El teniente de alcalde de Bienestar Social y Vivienda, José Antonio Oliva, que permanecía en un segundo plano desde hace varias semanas sin aparición pública, toma de nuevo el mando para salir a la palestra de la actualidad y responder a la realidad que empieza a afectar sobremanera a buena parte de los que en la actualidad ocupan los pisos municipales de Suvipuerto.
El encuentro mantenido con los vecinos de las viviendas municipales del número 8 de la calle Cruces se ha hecho esperar. Después de varias intentonas, la definitiva llegó tras conocer -según informaciones de los propios vecinos afectados- que estos acudirían al Pleno del pasado miércoles, tal y como finalmente pasó, aunque, eso sí, sin demasiada suerte dado que no pudieron acceder a él.
El Pacto sobre el que se sustentará la acción de gobierno municipal no deja lugar a dudas: “Las tres organizaciones hemos coincidido en la necesidad de construir una nueva forma de hacer política, centrada en la honradez, la transparencia, la participación y la defensa de lo público. Esa nueva política implica, entre otros aspectos, rendir cuentas de lo que hacemos desde el primer momento, y animar a la ciudadanía a que no solo nos exija sino también nos acompañe en la tarea de gobernar”.
Por lo pronto, los vecinos referidos fueron custodiados con la presencia de la Policía Local y la seguridad municipal y permanecieron fuera del salón de Plenos, donde reside la democracia municipal, postrados en el pasillo.
La promoción, cabe recordar, consta de un total de 65 viviendas de las cuales, a día de hoy, 55 están ocupadas en régimen de alquiler con opción a compra, y otras cuatro en propiedad.
En los últimos meses, desde la empresa municipal Suvipuerto se ha registrado una gran cantidad de inquilinos que han dejado de pagar su cuota de alquiler y de comunidad, cantidades que son necesarias para, por un lado hacer frente al pago del préstamo que en su día adquirió Suvipuerto con el banco para la construcción de la promoción de VPO, y por otro lado, para que las cuentas de la comunidad puedan asegurar el mantenimiento del edificio.
Desperfectos
Desde la fecha de entrega, julio del pasado año 2014, y según ha podido constatar el responsable municipal, “han existido muchas reclamaciones por continuos desperfectos”.
Según explica Oliva, algunos han sido atendidos por la propia constructora en función de la competencia y las garantías de construcción, y otros que, debido a la cantidad de inquilinos que han dejado de pagar su cuota de comunidad, no han podido ser reparados.
José Antonio Oliva lamenta que esta problemática social “no solo está afectando a la convivencia de estas familias dentro de la comunidad de vecinos, sino que además está poniendo de manifiesto las dificultades económicas que están padeciendo muchas de ellas”.
En la reunión mantenida José Antonio Oliva ha trasladado el compromiso del Gobierno para dar soluciones viables a esta situación que “ya conocíamos porque hemos estado en la lucha con ellos, reivindicando entre otras cosas la revitalización del Barrio Alto y la recuperación económica de las familias que habitan en esta zona de El Puerto”.
José Antonio Oliva ha concluido matizando que “el reto es muy duro y difícil, pero estamos convencidos de que entre todos vamos a tratar de solucionar y ayudar lo máximo posible”.
Game over
Entre los compromisos del gobierno municipal, a desarrollar en tres meses, se encuentran la negociación de un convenio con entidades financieras para el alquiler social través del registro público de demandantes de viviendas vacías de su propiedad, creación de la Oficina Municipal Anti desahucios, revisión de la ordenanza municipal de vivienda, estudio caso por caso de la situación de cada familia inquilina de vivienda municipal, revisión pago del IBI con la finalidad de su eliminación, urbanizar el entorno de Santa Clara o la creación de la Mesa Local de Acceso la Vivienda. Muchas expectativas y pocos resultados. La historia continuará.
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