El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado a dos técnicos del Ayuntamiento de Jerez por la adjudicación de servicios vinculados a la celebración de Fitur 2004 a empresas de la trama Gürtel y los ha citado a declarar el próximo 28 de abril. En el auto, emitido este martes 31 de marzo, y relacionado con la pieza separada de la denuncia del Ayuntamiento de Jerez, también se imputa a Isidro Cuberos, exjefe de prensa de Javier Arenas, por su papel de intermediario de la adjudicación del stand de Jerez en Fitur 2004 a sociedades de la red Gürtel, así como a cuatro responsables de las sociedades del entramado que lideraba Francisco Correa.
Según expone el juez en su auto: "Conforme informa el Ministerio Fiscal en su dictamen precedente, de lo hasta ahora actuado y, en particular, de la documentación remitida por el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, de la intervenida en distintos registros practicados en esta causa y del análisis que de la misma han realizado las unidades de auxilio judicial, se infiere que en la adjudicación y ejecución de varios contratos por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC) se podrían haber cometido distintas irregularidades que podrían constituir, sin perjuicio de ulterior calificación, un delito continuado de prevaricación sancionado en los arts. 404 y 74 del Código Penal. Irregularidades, por otra parte que estarían dirigidas a adjudicar los contratos a las empresas previamente convenidas –y vinculadas a Francisco Correa Sánchez- y ejecutarlos en la forma más adecuada para sus intereses".
Asimismo, alude a que "tal y como relata el Ministerio Fiscal en su informe precedente, las irregularidades que, de acuerdo con todos los indicios, se habrían cometido con ocasión de la referida contratación pública consistirían en:
1) la utilización indebida del procedimiento de urgencia para garantizar la adjudicación a las empresas preseleccionadas;
2) la adopción de resoluciones por órganos incompetentes para ello;
3) la participación del personal de las finales adjudicatarias en la elaboración de las cláusulas particulares
administrativas y técnicas;
4) la confección y presentación de documentación incorporada al expediente en fecha posterior a la que se hizo constar en el referido expediente;
5) la adjudicación y ejecución de los contratos sin la constitución de las garantías establecidas en el TRLCAP;
6) el abono de las facturas referidas a estos contratos no obstante todo lo anteriormente expuesto y la modificación de alguna de ellas incumpliendo las condiciones establecidas en los expedientes de contratación".
Examinadas las actuaciones, el juez considera procedente acordar la práctica de las declaraciones interesadas, en averiguación de los hechos y presuntos delitos objeto de la presente instrucción, por si los mismo fueran constituidos de un posible delito continuado de prevaricación sin perjuicio de ulterior
calificación, sancionado en los arts. 404 y 74 del Código Penal, por lo que cita a declarar para los días 28 y 29 de abril, a José Agüera González y Lourdes Montenegro, por parte del Ayuntamiento de Jerez, Francisco Correa Sánchez, Pablo Crespo Sabarís, Isabel Jordán Goncet y Javier Nombela Olmo, como responsables de las empresas implicadas, e Isidro Javier Cuberos García, como mediador en la obtención de los contratos.
En el auto no se hace alusión a los responsables políticos del Ayuntamiento de Jerez de la etapa en la que se realizaron los contratos, pese a que muchos apuntaron que el último informe del IGAE abría la puerta a la imputación a la entonces alcaldesa, en 2004, María José García Pelayo. No obstante, habrá que aguardar a las declaraciones que efectúen los imputados en este auto para comprobar si el juez decide finalmente ampliar las imputaciones al ámbito político; si bien hay que recordar que García Pelayo es aforada por su condición de senadora y solo el Tribunal Supremo podría imputarla, por lo que, en todo caso, Ruz tendría que señalarla e inhibirse en favor del alto tribunal.
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