El abogado del exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández, imputado en la causa de los ERE fraudulentos y a quien la Audiencia Provincial de Sevilla ha dejado en libertad bajo fianza de 450.000 euros, no cree que puedan reunir el dinero de la fianza ni este viernes ni durante el fin de semana, fianza con la que el exalto cargo podrá abandonar la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) donde permanece desde el 24 de abril.

   En declaraciones a Europa Press, el letrado del exconsejero de Empleo, Alfonso Martínez del Hoyo, ha señalado que la cantidad de la fianza "es desorbitada" y "se encuentra fuera de las posibilidades económicas" del propio Fernández y "de su círculo de parientes y amigos", por lo que ha descartado, en principio, que su cliente pueda obtener la libertad este viernes o durante el fin de semana.

   En un comunicado remitido a los medios, el abogado ya señaló que la fianza fijada "es muy elevada y supera ampliamente la capacidad económica" del imputado, "así como los márgenes que habíamos previsto y para lo que, con ayuda de su círculo de parientes y amigos, estábamos preparados".

   Asimismo, dijo que "no podemos albergar satisfacción ni alborozo de ninguna clase" ante la decisión de la Audiencia Provincial, ya que el exconsejero de Empleo "nunca debió ingresar en prisión".

   En este sentido, el abogado subrayó que la medida de prisión provisional sin fianza adoptada por la juez Mercedes Alaya "a instancias" de la Fiscalía Anticorrupción "fue innecesaria y desproporcionada", a lo que se suma que, "aparte de privarle durante 80 días ya, casi tres meses, del sagrado derecho a la libertad personal, ha lesionado gravemente el derecho a la presunción de inocencia y el derecho al honor" de su patrocinado.

   Así, "piénsese que cuando la generalidad de los ciudadanos, a través de los medios, ha 'visto' a alguien subir a un furgón policial camino de la prisión, difícilmente presume otra cosa que la culpabilidad", tras lo que vuelve a incidir en que "el del ingreso en prisión fue un día triste para el Estado de Derecho".

   "Con decisiones como la adoptada fue lanzado a la opinión pública el mensaje, profundamente perturbador, de que un ciudadano puede ser enviado a prisión antes de ser juzgado y declarado culpable, y aún cuando no mediaban las excepcionales circunstancias y requisitos que constitucionalmente hacen posible tan extrema medida", apuntó. 

   Por último, señaló que su ingreso en prisión "le ha inferido otros gravísimos perjuicios, el principal de los cuales es la pérdida de su puesto de trabajo como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez", a pesar de lo cual, "y para la fijación de la elevadísima fianza que se le impone, el tribunal toma en consideración un salario como el que percibía en dicho consejo, que, lamentablemente, ni ya percibe ni lo volverá a percibir".